Diario de León

Nuevo intento de retorcer hoy la ley para elegir a Puigdemont

Rovira revela al juez que pidió al fugado suspender el 1-O y que el expresident se negó.

Marta Rovira y Marta Pascal a su llegada ayer al Tribunal Supremo. JAVIER LIZÓN

Marta Rovira y Marta Pascal a su llegada ayer al Tribunal Supremo. JAVIER LIZÓN

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CRISTIAN REINO | BARCELONA

Las fuerzas secesionistas se proponen pisar el acelerador de la negociación para acortar los plazos de la investidura del presidente de la Generalitat. A día de hoy, y aunque Esquerra y el PDeCAT le han pedido que dé un paso al lado, el candidato a la reelección sigue siendo Carles Puigdemont. El expresidente catalán no tiene previsto regresar a España, por lo que la única opción que tiene es ser investido a distancia. Para ello, necesita un cambio normativo. En esta línea, la Mesa de la Cámara catalana abordará hoy la admisión o no a trámite de la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat.

La intención de Junts per Catalunya, impulsora de la modificación, es introducir en la norma la posibilidad de que la investidura pueda ser no presencial. Esquerra, no obstante, es reticente a la reforma, a la que se opuso el Tribunal Constitucional. Fuentes parlamentarias apuntaron que Roger Torrent podría optar en la reunión de hoy por solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que dictaminen si la tramitación de la ley va en contra de las medidas cautelares decretadas por el Constitucional.

Tras la reunión de la mesa, tendrá lugar la de la junta de portavoces, que abordará la propuesta de Cs de celebrar un pleno para tratar de desbloquear el reloj de la legislatura. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSC y PP e incluso también de los grupos independentistas, que podrían aprovechar la celebración de ese pleno para debatir y votar una propuesta de resolución que legitime a Puigdemont como presidente de la Generalitat y critique el artículo 155. También se podría incluir una resolución registrada por los Comunes.

La culpa fue de él

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, quedó ayer en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros tras declarar durante dos horas y media ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra el ‘procés’ soberanista en Cataluña. La diputada autonómica, investigada por su participación «activa» en el referéndum del 1 de octubre declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, reveló en su descargo que aquella jornada pidió expresamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que suspendiera la consulta ante la violenta actuación policial, pero que el expresidente de la Generalitat se negó para evitar males mayores.

La presencia de Rovira en el alto tribunal fue la primera de las citaciones de esta semana de algunos de los principales dirigentes del independentismo catalán, que tendrá su punto culminante mañana con la declaración de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel si finalmente regresa de Suiza.

Hoy comparecerán además el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociaciación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras. Todos ellos son investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por su supuesta presencia en el comité estratégico del ‘procés’.

Quedarse o volver

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel desvelará hoy si comparece o no mañana en el Tribunal Supremo. Gabriel, que prepara su defensa en la ciudad suiza de Ginebra, explicará «los términos en los que afrontará su declaración», según apuntó la dirigente anticapitalista Mireia Boya, quien sí declaró la semana pasada ante el alto tribunal.

Boya dijo que comparte con la exportavoz de la CUP la misma estrategia «jurídica, política y comunicativa». «Anna Gabriel no se escabulle de nada», afirmó. Tampoco está claro si Gabriel participará en la rueda de prensa por vía telemática, como su última intervención ante su partido Endavant el domingo, o si se presentará en Barcelona.

Gabriel, según la CUP, está en Ginebra para preparar su defensa con abogados suizos, entre otros Olivier Peter, que defendió a miembros de ETA y está especializado en causas de extradición, un dato que ha disparado las especulaciones sobre la posibilidad de que no acuda a declarar y se quede en Suiza, siguiendo la vía Puigdemont.

Enredo catalán en español

El Gobierno se enredó ayer a con la casilla del castellano en la enseñanza catalana. La ministra de Sanidad garantizó que «va a existir» la casilla en los formularios para que los padres puedan elegir entre el catalán y el castellano como lengua vehicular para la enseñanza de sus hijos. Menos de una hora después un portavoz del Ministerio desmintió a Dolors Montserrat: «Ha tenido una confusión». El Gobierno se quedó ahí, enrocado en no dar detalles de cómo piensa potenciar la presencia del castellano en las aulas de los centros públicos de Cataluña.

Montserrat es la única ministra catalana del Ejecutivo de Mariano Rajoy y su nombre suena con fuerza para convertirse en la presidenta del PP de Cataluña en lugar de Xavier García Albiol. Suele estar, por tanto, al corriente de las estrategias y los movimientos del Gobierno y del partido relacionados con su comunidad. Por eso, sus palabras sobre la casilla para elegir la lengua vehicular sonaron a anuncio cerrado tras los circunloquios para no comprometerse del portavoz gubernamental y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, el pasado viernes.

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