Un ERE de altos cargos

La llegada de un nuevo gobierno de distinto color a la Junta de Andalucía no solo tendrá repercusión entre los dirigentes de primera línea del PSOE, muchos de ellos acomodados año tras año tras un cargo oficial. Y es que junto a los 14 diputados perdidos por los socialistas, los damnificados por el vuelco político podrían elevarse a cerca de 3.000 personas, entre altos cargos, asesores y puestos de confianza que perderían su puesto de trabajo o su actual desempleo.

Según los datos del Portal de la Transparencia, el listado de altos cargos asciende a 271, un puesto en el que se incluye la presidenta de la Junta, sus 13 consejeros, viceconsejeros, delegados provinciales, delegados del Gobierno de la Junta o secretarios generales. También los directores, gerentes, presidentes y secretarios generales de consorcios, patronatos y agencias y demás entidades que conforman el entramado público. A ellos se suman otras 238 personas como personal eventual y de asesoramiento especial, incluidos el de los gabinetes de prensa, todos ellos unos puestos discrecionales que cesan automáticamente con el cese de la autoridad a quien prestan sus funciones con carácter no permanente, según el Estatuto Básico del Empleado Público.

A partir de aquí, el listado se incrementa hasta los casi 3.000 puestos de trabajo al incluir aquellos de libre designación, los puestos ‘a dedo’ por afinidad política, sea por ejemplo contratos de alta dirección en la sanidad o educación o los puestos por encima de jefe de servicio. Estos cargos no cesan inmediatamente y afectan a funcionarios con plaza fija que perciben un salario mayor y pluses por tener una responsabilidad también mayor. Por tanto, no perderían su empleo dado que serian reubicados en otros destinos, pero sí sufrirían una reducción de ingresos al descender en el escalafón administrativo