¿Y si el Congreso no respalda la prórroga?

Pedro Sánchez acudirá este miércoles al Congreso para solicitar por cuarta vez la prórroga del estado de alarma sin la certeza de que su petición salga adelante. Cuando España acaba de iniciar la fase de desconfinamiento, las pocas alianzas políticas que quedaban parecen haber saltado por los aires y el Gobierno trabaja a contrarreloj para conseguir los apoyos necesarios para extender las medidas excepcionales para contener la pandemia hasta, al menos, finales de mayo. Pero, si el Ejecutivo no consigue los respaldos suficientes, ¿qué sucedería? Fin del mando único Sin el estado de alarma se abriría una puerta de consecuencias jurídicas inmediatas y decaerían de un plumazo todas las medidas previstas en el decreto del 14 de marzo, así como con todas las normativas reguladas en otros decretos posteriores y que han vinculado su vigencia a la situación de excepcionalidad. Eso implicaría acabar con el mando único, es decir, que las competencias sanitarias que asumió el Estado para manejar la evolución de la pandemia volverían a las comunidades. La apertura de tiendas, bares, restaurantes y lugares de ocio quedarían supeditadas también a cada autonomía.

DESESCALADA

Los gobiernos autonómicos tendrían a partir de ahí todo el poder de decisión para marcar las reglas y los tiempos del desconfinamiento en sus territorios. La desescalada por fases diseñada por Sánchez y su gabinete quedaría apartada, salvo que hubiera un acuerdo de los 17 ejecutivos para aplicarla, algo que parece complicado dado que muchos no están de acuerdo con que la referencia sea la provincia o con la velocidad del desconfinamiento.

PAPEL DEL ESTADO

En el caso de que el Congreso rechace la prórroga el ordenamiento jurídico dispone de cobertura legal para mantener medidas de control sanitario. El nuevo marco legal aplicable sería la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986. Esta norma requiere la validación de la autoridad judicial y ha sido aplicada en tres ocasiones durante el estado de alarma para obligar a la hospitalización de personas infectadas. La ley de 2011 otorga al ministro de Sanidad la consideración de autoridad estatal "para coordinar y ejecutar las actuaciones de salud pública en caso de urgencia y riesgo social", mientras que la ley orgánica de 1986 menciona las restricciones que pueden llevar a cabo las "autoridades sanitarias competentes", en este caso, las comunidades si decae el estado de alarma. Libertad de movimientos Con el fin de la excepcionalidad no habría, según los expertos, margen legal para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos. De este modo, no sólo desaparecía el confinamiento en casa sino que además todas las personas tendrían el derecho de desplazarse a otras regiones si así lo desearan. Aunque las comunidades sí podrían decretar el cierre de alguna localidad, como hizo la Generalitat de Cataluña con Igualada antes de declararse el estado de alarma o el Ejecutivo canario, que decretó el confinamiento de casi mil personas en un hotel de Tenerife.

SIN MANDO POLICIAL

Los ministerios del Interior y Defensa dejarían de ser autoridad competente en el mando central de la crisis sanitaria. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, por lo tanto, ya no controlaría a las policías autonómicas y locales para vigilar las medidas de restricción de la movilidad durante el confinamiento y las fases de la desescalada. En el caso de Defensa, la 'operación Balmis' llegaría a su fin y después las Fuerzas Armadas seguirían disponibles para garantizar la seguridad y bienestar de los españoles en el caso de que sean requeridas por las comunidades, tal y como ocurre con la UME cuando se produce algún fenómeno medioambiental adverso (incendios, inundaciones).

MEDIDAS FISCALES

Con el fin del estado de alarma, según César García Novoa, catedrático de la Universidad de Santiago, no decaería el retraso al 20 de mayo de las deudas tributarias cuyo plazo vencía el 20 de abril, ni los aplazamientos por seis meses de deudas fiscales de hasta 30.000 euros. Pero Alberto Vaquero, profesor de la Universidad de Vigo, recuerda que hay comunidades que han supeditado las moratorias de impuestos cedidos al estado de alarma. "Si éste cae, esta moratoria también", señala. García Novoa tiene claro que el final del estado de alarma provocaría que decayera la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos, decretada hasta el 1 de junio. ERTE por fuerza mayor Hay división de opiniones sobre si el fin de la excepcionalidad llevaría aparejada la caída de los ERTE por fuerza mayor. José María Macías, socio de Cuatrecasas, defiende que no decaerían puesto que estarían aprobados por un real decreto ley, que tiene rango de ley, y de manera independiente al del estado de alarma. Pero el abogado Santiago Calvo asegura que la mayoría de los ERTE por fuerza mayor decaerían, ya que los que se están aplicando tienen su causa directa en las restricciones que plantea el estado de alarma, además de que en la propia letra del decreto se liga la duración del ERTE a la de este periodo excepcional. Ayudas al alquiler Las ayudas a los arrendatarios en situación vulnerable seguirían. La reducción de la renta o las moratorias en el pago si el casero es un gran propietario se limitan al periodo del estado de alarma, pero se abre la posibilidad a que sigan hasta cuatro meses. Mientras que los créditos para pagar al propietario si es un pequeño tenedor pueden durar seis meses. Vuelta a las clases Sería cada comunidad la que decidiría si retoma o no las clases presenciales y en qué condiciones. De hecho, así ocurrió antes de haber decreto de alarma. El 11 de marzo se suspendieron todas las clases en Madrid, La Rioja y Alava por orden de sus ejecutivos autonómicos y entre el 12 y 13 de marzo tomaron igual decisión el resto de comunidades.