El Gobierno ralentiza la introducción de la legislación internacional

A pesar de que España es considerada como una de las principales impulsoras de la corte, en los últimos meses se han multiplicado los reproches por la lentitud mostrada por el Gobierno a la hora de introducir en la legislación nacinal los elementos contemplados en el Estatuto de Roma, proceso necesario para que ambos sistemas sean compatibles. De hecho, el tribunal internacional sólo actúa si los delitos cometidos en un país no son juzgados por éste, ya que estos tribunales son de recurso subsidiario y sólo pueden ser juzgados si no se ha hecho previamente en el país en el que se cometió el crimen. Los códigos penales civil y militar deberán incluir, por tanto, el delito de lesa humanidad, que no contemplaban hasta ahora. Si no lo hicieran así se podría dar la circunstancia de que un español tuviera que ser juzgado en La Haya, sede del TPI, en lugar del juzgado español correspondiente. Durante el pasado mes de julio, el grupo socialista del Congreso ya presentó una proposición de ley para que se realizaran inmediatamente los cambios necesarios en los códigos penales civil y militar. Por su parte, Juan Antonio Yánez, embajador español ante el TPI, no da mayor importancia a este atraso y confía en que esté solucionado cuando la corte entre en funcionamiento. Algunos expertos apuntan que, además de adecuar los códigos penales, habría que ajustar también la legislación interna a efectos penitenciarios, para que, de acuerdo con lo que dispone el estatuto, los condenados en La Haya puedan cumplir sus condenas en cárceles españolas con arreglo a las normas internacionales, más restrictivas que las previstas en el sistema penitenciario español. Así, aunque la pena máxima son 30 años de prisión, prevé la cadena perpetua para casos excepcionales. La pena de muerte queda fuera del ordenamiento del TPI.