La reforma legal de Sánchez para seducir a Junts encalla en el propio Gobierno

No fue mal recibida en un primer momento por Esquerra Republicana de Catalunya, pero en cuestión de horas, la idea puesta encima de la mesa por Pedro Sánchez para intentar convencer a Junts de que apoye la ley de amnistía sin modificar su actual redactado -una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para reducir los plazos de instrucción de los jueces- ha empezado a hacer aguas. Algunos socios del Gobierno ya dejaron entrever sus reparos el martes e incluso, los mismos republicanos que 24 horas antes la habían aplaudido, advirtieron de que lo importante es aprobar de una vez la amnistía y no «entretenerse» con otras leyes. Pero el hecho de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se molestara este miércoles en explicitar su rechazo a la medida supone un salto cualitativo difícil de soslayar.

«Sumar desconoce la propuesta exacta, pero parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener- advirtió la también ministra de Trabajo tras intervenir en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso-. Hay procesos que son muy complejos y necesitan de unos ritmos, unos tiempos, que requieren de cierta prudencia». Ese planteamiento final es, precisamente, el que llevó al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos a impulsar en 2020 una reforma del artículo 324 de la ‘Lecrim’.