Interior investiga la intervención policial en una «reyerta» en el barrio de Lavapiés
Los sindicatos han salido en defensa de sus compañeros tras detener a ciudadanos subsaharianos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anuncia la investigación por posible abuso policial. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía han abierto sendas investigaciones, una de ellas con carácter reservado, para aclarar si hubo un exceso de fuerza en una intervención policial llevada a cabo el pasado viernes en el barrio madrileño de Lavapiés como consecuencia de una «reyerta». Las imágenes viralizadas en televisiones y redes sociales sobre la actuación de la pareja de agentes en su intento de reducir a dos ciudadanos subsaharianos en aparente «actitud hostil» ha provocado la apertura de estas diligencias.
Una decisión que ha enfadado sobremanera a los sindicatos policiales, quienes defienden la proporcionalidad de la actuación de sus compañeros. Varios sindicatos policiales han reclamado que los agentes cuenten con cámaras unipersonales que graben de forma íntegra sus intervenciones tras la polémica generada por la actuación de dos policías nacionales en la detención de dos personas en el barrio de Lavapiés, tildada de «racista» y «violenta» por determinados representantes políticos.
Además, un vigilante de seguridad de un supermercado 24 horas ubicado en la plaza de Lavapiés, junto al metro, declaró este lunes a Telemadrid que ambos detenidos habían tenido una trifulca previa con una cajera a raíz del pago de unos productos con una tarjeta de crédito que no funcionaba. Ambos insultaron y acusaron de racismo a la empleada del establecimiento y, minutos después, tuvieron el encuentro con la patrulla policial en una calle cercana.
Según fuentes del Ministerio del Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha abierto de oficio una información en relación con la intervención policial «sobre los sucesos ocurridos en la reyerta en Lavapiés», por si de dicha actuación se desprende una «supuesta vulneración de los derechos fundamentales». El propio ministro confirmó este lunes las investigaciones y defendió «la tarea extraordinaria que hacen día a día todos los integrantes de la Policía y Guardia Civil que tutelan nuestros derechos y libertades en un espacio de seguridad». La decisión del departamento se ampara en el reglamento que vela por el cumplimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las normas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La oficina nacional que se ocupa de este cometido actúa como un «mecanismo que coadyuve a visibilizar el compromiso policial en el respeto a los derechos humanos». La segunda investigación ha sido abierta por la Dirección General de la Policía y tiene carácter reservado.