Un juez ordena investigar el montaje policial a un exdirigente de Podemos
La Sala Penal considera que el exeurodiputado Miguel Urbán fue acusado sin prueba de una transacción de 40 kilos de droga en 2016 por las cloacas de Interior
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que investigue el presunto montaje policial que involucró al exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán con una transacción de 40 kilos de cocaína en el marco de la guerra sucia contra esta formación. La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente el recurso de apelación de Urbán, que le permite personarse como acusación particular, tras constatar que los hechos que se investigan "mantienen una evidente conexidad" con otros casos en tanto que "es una actuación policial desarrollada por el mismo grupo".
Según la Sala, el exdirigente de Podemos -dejo el partido en febrero de 2020- argumentó que la actuación de este grupo policial en 2016, bajo el Gobierno del PP en un momento dulce para el partido morado, habría permitido "el acceso a las cuentas corrientes y otra información personal" de Urbán y su entorno, así como "la consulta a las bases de datos del propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias".
Con la opinión favorable de la Fiscalía, la resolución determina que "fue objeto de investigación por un presunto delito de tráfico de drogas sin que las diligencias practicadas que el mismo refiere se aprecie vínculo alguno con los hechos por los que se siguen las presentes actuaciones".
El pasado diciembre, el juez Pedraz rechazó la personación de Urbán en la causa abierta sobre las maniobras contra Podemos, al considerar que sus pesquisas no tienen un "vínculo" con el "montaje policial" impulsado contra el exeurodiputado. Sin embargo, éste recurrió esa decisión y, finalmente, la Sala de lo Penal le ha dado la razón en un auto fechado el pasado 20 de marzo. El tribunal incide en que cuando trataron de relacionarlo con un caso de narcotráfico, Urbán ejercía "funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España: Lo que haría, aún si cabe, de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo".
La investigación policial contra Urbán se impulsó en enero de 2016, cuando el comisario principal José Luis Olivera, que está procesado actualmente por la operación Kitchen y que era entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), envió un escrito a la Fiscalía Antidroga sobre "el posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína". Dicho documento apuntaba contra el político y se remitió en pleno apogeo de la guerra sucia contra Podemos: solo 10 días antes se había publicado el falso informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), entre otros.
El comisario Olivera, ya jubilado, aportó una supuesta "nota informativa" policial (sin firma, ni sello, ni autor declarado), donde se relataba que un confidente aseguraba que Urbán había acudido a un pub del barrio madrileño de Malasaña cargado con 40 kilos de cocaína "procedentes de Venezuela" que quería cambiar por dinero para "financiar los gastos de campaña de Podemos".
La Fiscalía Antidroga abrió entonces unas pesquisas que declaró secretas y que, posteriormente, cerró tras no encontrar indicios de delito. El grupo policial actuó bajo la órbita del también comisario principal Eugenio Pino, exDirector Adjunto de la Policía (DAO) en aquella época y condenado en firme a un año de prisión por el Tribunal Supremo por tratar de manipular con información falsa el 'caso Pujol', en la actualidad en juicio.