Las claves de la sentencia
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España).
Una «organización criminal» con «vocación de permanencia»
Los tres condenados articularon una organización criminal, con vocación de permanencia, que se aprovechaba de la influencia de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE para actuar en varias esferas, y que empezó a debilitarse al salir éste y su asesor del Ministerio.
Cada uno tenía un rol diferenciado
Ábalos era considerado el jefe y usaba su influencia para favorecer contratos públicos a empresas captadas por Aldama, a cambio de un beneficio económico del que todos participaban. Koldo García era su «hombre de confianza», hacía gestiones personales para influir en adjudicaciones, arregló enchufes en empresas públicas y gestionaba y reclamaba mordidas. Víctor de Aldama captaba empresas y pagaba comisiones.
Aldama esquiva la cárcel
Aldama logrará evitar la cárcel, al considerar el Supremo que su aportación como delator ha sido «muy decisiva» y ser condenado a una pena menor que la que pedían las acusaciones. «Sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena», reconoce una sentencia que subraya la necesidad de premiar la colaboración con la Justicia «para conseguir la depuración de estas conductas de corrupción». La intensidad del grado de colaboración «ha sido máxima, por lo que máxima será la compensación», dice el Supremo con un fallo que manda un mensaje claro ante otros procedimientos, verbalizado por el propio Aldama al salir a pie del tribunal: «Espero con que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren».
De las mascarillas al enchufe de mujeres relacionadas con Ábalos
Según el Supremo, los condenados se concertaron para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, obtuviese dos contratos de mascarillas de Puertos del Estado y ADIF —dependientes del Ministerio que dirigía Ábalos-. Así, el empresario «se lucraba» con comisiones que, según lo pactado, repartiría con los otros. Aldama canalizó 6,6 millones de euros en comisiones a través de dos empresas, y Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos. Exministro y exasesor han sido también condenados por el enchufe de dos mujeres en empresas públicas: la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec, sin prestar «ninguna actividad laboral»; y Claudia Montes en Logirail.
Mordidas: 10.000 euros al mes y vacaciones
Por las gestiones y contratos a su favor, Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 en concepto de «gastos fijos» del exministro, así como el alquiler durante más de dos años de un piso de Jéssica Rodríguez (un total de 82.295 euros). Además, para «asegurar el cobro de comisiones», Ábalos y Aldama suscribieron un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid. También ha visto delito el Supremo en el alquiler de casas en Marbella (Málaga) y Cádiz para disfrute vacacional del exministro por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos que los acusados no lograron.
Un alegato contra la corrupción
La sentencia pone énfasis en el grave deterioro que la corrupción provoca en la confianza de los ciudadanos en el sistema político ante la especial relevancia de uno de los condenados, el exministro Ábalos, que era también secretario de Organización del partido que sustenta al Gobierno. La corrupción quiebra «la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio» de todos y eso hace que la sociedad perciba que quienes ocupan posiciones de poder «actúan guiados por intereses privados o ajenos al servicio público para obtener un beneficio», lo que deriva en «una pérdida de legitimidad institucional». Los controles de la Administración contra la corrupción y la delincuencia organizada a «todas luces fracasaron», apunta la Sala.
Los no juzgados
Según la sentencia, los tres condenados «eran apoyados por otras autoridades y funcionarios» del Ministerio que dirigía Ábalos, «así como por distintas personas del entorno empresarial» de Aldama, y familiares de Koldo García. Aunque no les nombra, en las piezas que permanecen en instrucción en la Audiencia Nacional están investigados varios ex altos cargos de Transportes, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, o el hermano de Koldo, Joseba García, y su exmujer, Patricia Uriz.