El Gobierno aprueba dos reformas que modifican el 25% del Código Penal

El Gobierno pretende modificar 175 de los 639 artículos del Código Penal, amén de dos de la ley de Extranjería y otros dos del Código Civil, para que la sociedad pueda volver a disfrutar de un clima de seguridad. El Ejecutivo de José María Aznar quiere convertir el llamado «Código Penal de la democracia», aprobado, con la abstención del PP, en 1995 cuando el socialista Belloch era ministro de Justicia, en el «Código Penal de la seguridad». Michavila admitió que con estas nuevas medidas se dota al Código Penal de una «coherencia» que no tenía, aunque «respeta la arquitectura y el entramado» de la normativa vigente. El Consejo de Ministros remitió al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que emitan, con urgencia, sus informes sobre los anteproyectos para, a continuación, redactar los proyectos y enviarlos al Congreso para que también se tramiten por la vía urgente. Michavila, tras la reunión del gabinete, señaló que se trata de una reforma «profunda, sistemática, coherente y reflexionada», aunque, a diferencia de otras reformas legales, no ha sido consultada antes ni pactada con el PSOE. Habitual Bajo el epígrafe «Seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros» se introducen dos conceptos novedosos en el Código Penal, la habitualidad y la reincidencia. Con el primero se busca impedir que los delincuentes habituales no cumplan penas por sus faltas porque están sancionadas con arrestos de fin de semana que no se cumplen. Una vez que se apruebe la reforma, el que cometa cuatro faltas en un año puede ser castigado por un delito con pena de tres a seis meses de prisión. La reincidencia en el delito será un agravante cualificado y quien cometa cuatro delitos de la misma naturaleza en un año podrá ser condenado a la pena superior, es decir que si el castigo previsto es de seis meses a tres años de reclusión pasaría a ser de tres años a cuatro años y tres meses. La violencia doméstica experimenta un notable endurecimiento de los castigos. Por ejemplo, la primera agresión dejará de ser una falta para convertirse en delito y el juez podrá castigar con cárcel o alejamiento a un agresor que hasta ahora quedaba impune. Plantea, asimismo, medidas mucho más restrictivas para la pérdida de la patria potestad y el alejamiento, que será duplicado y obligatorio en cada caso de agresión. Los inmigrantes ilegales delincuentes que tenga que cumplir penas de hasta seis años de cárcel por sus fechorías serán expulsados con la prohibición de regresar durante diez años. A fin de facilitar la integración social de los extranjeros, se castigará con entre 6 y 12 años de prisión la ablación de órganos genitales y se otorgará a las inmigrantes los mismo derechos que gozan las españolas para la separación o divorcio. La nueva regulación de penas y la tipificación de delitos hasta ahora no contemplados es el segundo eje de la reforma del Código Penal. Entre los 14 nuevos delitos figuran la sustracción de teléfonos móviles, que en la actualidad no es ni falta, la sustracción de claves de acceso a servidores de internet, el maltrato de animales domésticos, la violencia en actos deportivos, el impago de derechos de propiedad intelectual. En otros, como la pornografía infantil, el acoso sexual, el narcotráfico, blanqueo de capitales o la falsificación de moneda, se amplía el ámbito de protección. La reforma eleva de tres a cinco años el tiempo máximo de reclusión para los delitos menos graves, mientras que los graves serán castigados con cinco años de cárcel en adelante y el condenado deberá cumplir «un periodo de seguridad» equivalente a la mitad de la pena para poder acceder al tercer grado penitenciario.