El PP entierra el hacha y la guerra

«Es un debate cerrado». Con esta aseveración, el grupo popular en el Congreso ha resuelto un asunto que afecta a los descendientes de entre 16.000 y 20.000 leoneses sometidos a juicios sumarísimos durante la represión franquista. La propuesta, secundada por el resto de los partidos del arco parlamentario, era anular los procesos abiertos en tribunales militares y los que surgieron de aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas contra los detractores del Régimen. Pero los populares ya han dejado claro que no van a recuperar la memoria histórica de los represaliados. Pese a ello, una tesis doctoral cum laude presentada esta semana en León aporta, entre otras muchas cuestiones, datos reveladores sobre estos expedientes desde su instrucción hasta que eran ejecutados con sus últimas consecuencias, unas veces encarcelando a la víctima y otras aplicando la pena de muerte. La investigación de Javier Rodríguez González León bajo la dictadura franquista (1936-1951) , dirigida por el catedrático Francisco Carantoña, desvela cómo estos consejos de guerra se incrementaron tras la caída del Frente Norte, el 21 de octubre de 1937. «Se convirtieron en una auténtica aberración jurídica porque los acusados eran quienes habían permanecido fieles a las leyes y los jueces eran los que habían roto con la legalidad». Se aplicaba la legislación militar para juzgar cuestiones de índole político. Por ejemplo, se condenaba por auxilio a la rebelión no sólo a los que defendían la legalidad republicana, sino a los que, sin enfrentarse a los sublevados, simplemente no apoyaban su causa. El trabajo desvela que el primer condenado leonés en un juicio sumarísimo fue el berciano José Silva, que fue ejecutado el 27 de julio de 1936. Protocolo de un juicio No obstante, casi siempre estos consejos de guerra eran colectivos. La interrelación de diversas fuentes ha permitido establecer al autor el protocolo de estos juicios. Explica que cuando los procesados estaban en la sala, amarrados de dos en dos, vigilados por guardias civiles y falangistas, el tribunal ocupaba el estrado y comenzaba el acto formulario. El relator o ponente leía el llamado autoresumen de cada inculpado, donde se incluían los cargos y acusaciones. Los consejos no desarrollaban labor probatoria alguna y las denuncias o informes negativos se consideraban incuestionables. Además, la posibilidad de revisión de los procesos y sentencias era «casi nula», concluye el investigador, de forma que la ejecución se llevaba a cabo a los pocos días de la condena. No fue hasta el 9 de enero de 1940 cuando se comenzó a contemplar la revisión de las sentencias, un paso similar al que los partidos democráticos, excepto el PP, han querido dar ahora, salvando lógicas distancias. La tesis recoge algunos ejemplos de estos consejos de guerra, como el que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1936 en la Diutación de León -la otra sede de los juicios era el cuartel del Cid-, y por el que fueron fusilados dos semanas más tarde en el polígono de tiro de Puente Castro todas las autoridades republicanas más importantes: el gobernador civil, Emilio Francés Ortiz; el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto Armesto; el alcalde de León, Miguel Castaño; el presidente del Frente Popular, Félix Sampedro, etcétera. También fueron ejecutados de esta froma los alcaldes de Cármenes, Ponferrada, Astorga, Montejos, Sahagún, Valderas y los cuatro que tuvo Vegacervera en la zona republicana. En los fondos de la Audiencia La represión política también fue ejercida a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esta normativa estableció una estructura jurisdiccional propia que dependía de la Presidencia del Gobierno y, concretamente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas que operaba a través de los tribunales establecidos en algunas capitales de provincia. León dependía de Valladolid. La investigación de Javier Rodríguez cita que en León se incoaron muchos expedientes de este tipo, aunque de momento es imposible conocer el número exacto puesto que el Archivo Histórico Provincial está catalogando toda la documentación procedente de la Audiencia Provincial, de la que este periódico conserva algunos legajos, que se reproducen junto a estas líneas. Sí está constatado que a fuerzas políticas y sindicales como el PSOE, UGT, CNT y Izquierda Republicana le fue arrebatado mucho patrimonio colectivo, que todavía hoy sigue reclamado. Sólo el sindicato UGT, después de una larga investigación en el Archivo General de la Administración, ha podido demostrar la propiedad de diferentes bienes inmuebles y otros activos financieros en la provincia de León por valor de unos tres millones de euros. La devolución de este patrimonio fue uno de los primeros compromisos de José María Aznar cuando llegó por primera vez al Gobierno. En el acto de investidura se comprometía a revertir al PNV, entonces su socio de gobierno, los derechos sobre el patrimonio que se le había incautado a través de la Ley de Responsabilidades Políticas durante los años del franquismo. Esta situación dio pie a otros partidos y sindicatos a reclamar infructuosamente sus bienes. La tesis doctoral también recoge cifras, aunque con mucha cautela. Comenta que «es difícil» determinar el número total de muertos por la represión. El historiador Ramón Salas Larrazábal atribuyó a la provincia 1.409 personas muertas, de ellas 624 lo fueron como consecuencia de la aplicación de sentencias judiciales y 785 producto de asesinatos irregulares. Pero Javier Rodríguez deduce por sus datos que el número de muertos en la provincia es mayor, y sustenta esta afirmación en unas cifras parciales que en su momento aportó Secundino Serrano, quien sólo teniendo en cuenta los datos del registro del cementerio de León contó al menos 1.018 fallecidos a causa de fusilamientos y paseos procedentes de San Marcos. Para valorizar estas cifras habría que sumar las de toda la provincia de León y comenzar una nueva investigación que permitiese consultar la documentación procedente del Gobierno Militar de León y de los registros civiles y los de las cárceles. «A través de estos documentos se pueden saber las cifras y características de ese terror, pero hay otras listas, otros nombres que nunca han salido a la luz, son esos nombres que en cada pueblo se conocen, pero que el paso del tiempo y una larga dictadura han logrado ocultar», reflexiona Javier Rodríguez en su obra.