El Estado pone el límite a las rentas más altas

Las exigencias de la normativa que regula las ayudas al alquiler de viviendas en Castilla y León producen situaciones paradójicas. Por ejemplo, que la ayuda sea percibida por ciudadanos que tienen un sueldo mensual de mil euros y sea excluyente para quienes, teniendo rentas más bajas -500 ó 600 euros- en buena lógica tienen más necesidad de una ayuda para pagar la renta mensual de su vivienda. Esta exclusión, de la que ha sido víctima al menos uno de los ciudadanos cuya queja ha sido admitida a trámite por el Procurador del Común, contrasta con las condiciones para obtener subvenciones a inquilinos fijadas en Plan Estatal 2005-2008 de Vivienda que da preferencia a las personas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y tengan una edad no superior a 35 años, sean víctimas de la violencia de género o del terrorismo; a familias numerosas y las constituidas por el padre o la madre y los hijos así como a personas con discapacidad reconocidad reconocida oficialmente o los que pertenezcan a un colectivo en situación o riesgo de exclusión social. En tales supuestos, dice el plan, los eventuales beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, que no fija ingresos mínimos corregidos y pone unos máximos de renta más restrictivos que la Junta de Castilla y León, que subvenciona a aquellos ciudadanos que tengan rentas corregidas de hasta 3,5 veces el Iprem. El Plan estatal señala que ingresos familiares son los de todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista relación de parentesco. Las ayudas se dan por un período de 24 meses y es obligatorio que pasen cinco años antes de volver a solicitarla cuando se ha sido beneficiario.