El Gobierno no esperará al fallo del Constitucional para desarrollar el Estatut

El Gobierno no esperará al dictamen del Tribunal Constitucional para comenzar a desarrollar el nuevo Estatuto catalán. El hecho de que el Partido Popular haya presentado un recurso contra la reforma, y de que cuatro comunidades autónomas -Aragón, La Rioja, la Comunidad Valenciana y hasta Castilla-La Mancha- se planteen ya impugnar algunos de sus artículos no ha hecho mella en la voluntad del Ejecutivo, que el pasado jueves se comprometió a constituir el próximo mes la Comisión Mixta Bilateral Estado-»Generalitat» para impulsar el texto. Una de las primeras consecuencias de la aplicación del nuevo marco de autogobierno será el aumento de las inversiones del Estado en Cataluña. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, garantizó ayer que los presupuestos generales para 2007 contemplarán ya lo acordado. El Constitucional está decidido a aparcar las decenas de miles de recursos que aún tiene sobre la mesa para dedicarse en cuerpo y alma a la resolución de las cuestiones relativas a los estatutos de autonomía (no sólo del catalán, sino también del valenciano). El pronóstico es que las objeciones presentadas contra ambos textos estén ya resueltas en el primer trimestre de 2007. Pero los socialistas creen innecesario esperar. López Garrido defendió que mientras no se demuestre lo contrario, y según su convicción, el «Estatut» es plenamente constitucional y por lo tanto se aplicará a partir del próximo día 9, cuando entra en vigor, «en todo momento». El recurso de una ley ante el Constitucional no paraliza nunca su puesta en marcha, pero los «populares» defienden que «por puro sentido común», en un caso como este, que es «modelo de otras reformas», el texto debería ponerse en cuarentena. El dirigente socialista argumentó, en cambio, que «cosas como estas pasan todos los días» y se mostró convencido de que, teniendo en cuenta la magnitud de la impugnación del PP, puede pasar «mucho tiempo» antes de que el tribunal se pronuncie. En estas condiciones, considera inviable la exigencia del primer partido de la oposición. «El estatuto no va a estar en precario», insistió. Esta afirmación tendrá su plasmación en el debate presupuestario. La disposición adicional tercera del estatuto -que ha sido impugnada por el PP junto a más de la mitad de los artículos de la ley (114 de 223)- establece que la inversión estatal en la comunidad autónoma deberá equipararse durante siete años a su aportación al Producto Interior Bruto del conjunto de España.