El presidente de la Sala Militar del Supremo dice que las reformas de los estatutos «violentan la Constitución»

El presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Ángel Calderón Cerezo, afirmó ayer que los estatutos de autonomía «están violentando la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial». El magistrado consideró que los estatutos «no son los instrumentos adecuados para asumir competencias ni para transferirlas a las Comunidades Autónomas». Calderón hizo estas declaraciones en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, en los que dirige el curso «Justicia, Sociedad y Estado Autonómico». En su intervención, defendió que la Constitución «no ha sido modificada ni debe serlo por un estatuto de autonomía» en el apartado referido al Poder Judicial ya que la Carta Magna «concibe y define» un sistema «igual y único para toda España». El magistrado, sin embargo, no quiso pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. «Estaremos -dijo- a la espera de lo que diga el máximo intérprete de la Constitución, que no es otro que el Tribunal Constitucional». Tampoco fue muy explícito ante la manifestación anunciada por Batasuna para el próximo domingo en San Sebastián porque «el asunto me queda un poco lejos y está cargado de connotaciones políticas». Puntualizó, no obstante, «Batasuna no existe porque ha sido disuelta» por decisión de la justicia y, por tanto, «estamos haciendo un juego de artificio» sobre sus actuaciones. El magistrado se quejó de la sobrecarga que sufre el Tribunal Supremo. En la actualidad, el Supremo tiene abiertas, según Calderón, 23.000 causas pendientes en la Sala Tercera, y otras 14.000 en la Primera. «En estas condiciones se hace lo que se puede, que no es poco», apostilló. Calderón asoció el alto número de causas pendientes a la «confianza» que los ciudadanos tienen depositada en el Supremo que tiene que responder a esta fe con una respuesta «justa y de calidad», ya que «donde hay calidad, no puede haber improvisación». El juez chileno Jorge Zepeda aceptó ayer investigar al ex dictador Augusto Pinochet y llevarlo a juicio por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó. El religioso fue detenido por agentes de la dictadura en enero de 1975 y conducido a la colonia alemana Dignidad, 350 kilómetros al sur de Santiago, donde su rastro se perdió para siempre, al igual que el de muchos otros prisioneros del régimen. El magistrado basó su decisión en que existen fundamentos para procesar al general. No obstante, deberá ser ratificada o revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, en última instancia, por la Corte Suprema del país andino. Llidó es uno de los siete sacerdotes católicos que murieron durante la represión. En los años posteriores a la asonada, 3.000 personas murieron o fueron dadas por desaparecidas. Entre los testimonios figura una declaración de un obispo luterano a quien Pinochet le dijo que Llidó «no es cura, es un marxista. A los marxistas hay que torturarlos porque de otra manera no cantan».