Diario de León

El fiscal rechaza la petición y propone diez años de prisión para el ex asesor de Urbanismo

Roca reclama que el caso Saqueo I lo juzgue el Tribunal de Cuentas

Arranca la vista oral por el desvío de más de 36 millones del Ayuntamiento de Marbella

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M. Balín - madrid
León

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El ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, pidió este viernes a la Audiencia Nacional que se abstenga de juzgarlo por el caso Saqueo I, por el que se acusa a él y a otras cinco personas de desviar más de 36 millones de euros del consistorio andaluz entre 1991 y 1995, cuando gobernaba Jesús Gil. La defensa del cerebro de la trama marbellí reclamó que remitan la causa al Tribunal de Cuentas, pero la Fiscalía opuso. La vista oral arrancó con las cuestiones previas, en la que los abogados defensores demandaron a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo, que se inhiba de enjuiciarles en detrimento del Tribunal de Cuentas, a quien, dicen, corresponde determinar la responsabilidad civil de los imputados. Una petición que fue rechazada por la representante del Ministerio Público, que consideró que no existe conflicto de jurisdicción ya que se trata de una acción criminal de la que se deriva una responsabilidad penal, por lo que compete a la Audiencia Nacional y no al órgano fiscalizador. Además del antiguo asesor de urbanismo de Marbella, están acusados por el «caso Saqueo I», también conocido como el de las facturas falsas, responsables del consistorio en la época de Jesús Gil como Eduardo Gonzálvez, José Luis Sierra, Manuel Jorge Castel, Francisco Javier Herrera y Purificación Notario, ésta última como responsable civil del fallecido José Luis Jiménez, mano derecho de Gil, a la que se le acusa de quedarse con parte del dinero desviado a cuentas privadas. También se le pide responsabilidad civil a Horacio Oliva, abogado de los herederos de Jesús Gil, por un ingreso que recibió en sus cuentas del malogrado alcalde de Marbella. A todos ellos la Fiscalía pide pena de entre ocho y diez años de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad documental. El juicio continuará el 23 de octubre con el interrogatorio a los acusados. Sobre Juan Antonio Roca también pesan los delitos de malversación, blanqueo de capitales y cohecho por el caso Malaya.

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