Denuncian al líder del TSJ por prevaricar al archivar el Gürtel
Aducen que su «amistad» con Camps influyó en el sobreseimiento del caso
Juan Luis de la Rúa, en una imagen de archivo.
La diputada autonómica Mónica Oltra, del partido Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), anunció que ha presentado una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por el archivo del caso Gürtel y el rechazo del informe policial que apuntaba a una presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana.
Oltra aseveró que la amistad declarada del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, con el magistrado, presidente de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, influyó en el sobreseimiento del caso. Además, consideró «incomprensible» que De la Rúa no admitiera el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en el que se señalaban «indicios racionales» de una presunta financiación irregular del PP valenciano por parte de empresas como Sedesa, de la familia del consejero de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, y Lubasa.
En el texto, presentado ante la Fiscalía General del Estado, se hace constar que De la Rúa concedió un «trato de favor» en la causa por la «intima amistad que le unía con Camps. En la iniciativa se recogen unas declaraciones del presidente Camps que ahora se revelan comprometedoras: «Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta de amistad para definir esta íntima y sentida relación que nos une».
«Injusticia». Oltra adujo que en el escrito, que además está rubricado por el portavoz del IdPV, Francisco Javier García Latorre, se refiere que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV incurrió en un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446.3 del Código Penal, pues se dictó «una resolución injusta a sabiendas de su injusticia», lo que se demuestra en la «omisión de perseguir delitos». Esta figura delictiva puede suponer una multa de 12 a 24 meses y una inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos de 19 a 20 años.
El juez decidió el archivo del caso con el apoyo de un segundo magistrado al estimar que los regalos que recibieron Camps; el secretario general del PP, Ricardo Costa; el que fuera vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret no tenían relación directa con las adjudicaciones a Orange Market de contratos públicos millonarios.