El derecho a no migrar

Hablar de migración supone hablar del derecho de todo ser humano a mejorar su vida e incluso de intentar garantizar su supervivencia. Nadie en sus cabales negará este derecho que podríamos calificarlo como derecho natural, intrínseco a la naturaleza humana. De hecho, todos procedemos de migrantes en búsqueda de un futuro mejor.

También, siempre se habla de migración en sentido activo, de forma parcial y por lo tanto con cierta dosis de falta de perspectiva. El Papa León, en su visita a España, en un encuentro con migrantes en Las Palmas de Gran Canaria hizo alusión al derecho a no migrar. Introdujo una nueva dimensión en el análisis de lo que se ha revelado como un problema que no para de crecer. Para resolver un problema es necesario analizarlo desde todos los puntos de vista posibles. Los análisis precipitados, imbuidos de prejuicios inevitablemente nos conducirán a propuestas de resolución ineficaces. En palabras del Santo Padre, el derecho a no migrar significa el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. En pocas palabras el Papa ha resumido el origen de las migraciones y con ello los focos sobre los que se deben aplicar las medidas para anularlos. Este derecho a permanecer en la propia tierra en la que se nació, o en su versión política, el país de origen, fija gran parte de la responsabilidad precisamente en los países de origen. El derecho Internacional responsabiliza a los estados del cuidado de sus nacionales. De garantizarles una vida digna bajo el amparo de los derechos humanos. Es una premisa que suele olvidarse a la hora de abordar el tema de la migración. Es más, tienen la obligación de procurar el bienestar de sus nacionales incluso en el extranjero. La idea de que los estados receptores deben hacerse cargo de manera exclusiva de los migrantes que de forma irregular llegan a su territorio, no es del todo cierta. Si bien es cierto que los estados de destino tienen que acoger de manera humanitaria a todo tipo de migrantes, especialmente a los menores, esto no exime del derecho y obligación de reclamar a los estados de origen que cumplan con sus obligaciones. El caso de Ceuta es singular por las razones que todos conocemos y que se explicitan unas veces sí, otras no, como los pimientos de Padrón. No hace falta tener un máster en inteligencia y geopolítica para saber que Marruecos utiliza su población de forma inmisericorde como ariete contra España. Nada nuevo, no podemos olvidar la Marcha Verde del Sahara. Imaginación no tienen mucha pero, en el pasado les dio resultado. Ahora han conseguido generarnos un grave problema. Las reacciones entre nosotros, pues tampoco nada nuevo. Hay para todos los gustos. Aunque sí debo decir que determinadas personas que nunca pronunciaron públicamente la palabra patria, o al menos España, ahora no la sueltan y hay cierto consenso nacional. Bienvenido sea. España necesita unión en este asunto como en otros. Todas las perspectivas suman si se tratan con inteligencia y respeto. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de cuidar al débil y acogerlo, y todos estaremos de acuerdo que los españoles tenemos derecho a la libertad y seguridad. Cualquier policía o guardia civil destinado en Ceuta sabe lo que hay que hacer para mejorar la seguridad de la frontera con Marruecos, no hace falta reflexionar mucho. Aquí, en policías incluyo a los policías locales quienes han estado mano con mano con sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y militares afrontando de forma valiente y humanitaria una crisis muy exigente, pero de manera menos visible, casi nadie los nombra.