Diario de León
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El corro | pedro vicente

El reciente aniversario del Estatuto de autonomía dio ocasión a un nuevo duelo dialéctico entre los alcaldes de León y Valladolid acerca de la capitalidad de la comunidad de Castilla y León. A falta de capitalidad oficial, ambos ediles, uno del PSOE y otro del PP, reivindicaron para sus respectivas ciudades la capitalidad oficiosa, y lo hicieron cada uno con sus argumentos, sin que la controversia esta vez se viera salpicada de insulto y descalificación alguna, lo cual ya es todo un avance.

Se trata de una polémica recurrente y bastante estéril, puesto que la realidad es la que es: oficialmente la comunidad autónoma carece de capital, aunque la ubicación de las sedes de las principales instituciones autonómicas, la Junta y las Cortes, en una misma ciudad otorga a ésta clara ventaja en esa carrera virtual por la capitalidad. Que los alcaldes rivalicen por ese título honorífico es comprensible, siempre que los gestos cara a la galería de la respectiva afición no exacerben los ánimos y proporcionen munición a los «hooligans». La rivalidad puede ser incluso saludable si se respetan las reglas de una buena lid. Otra cosa son iniciativas como la que no hace mucho tuvo el grupo socialista del ayuntamiento vallisoletano, al elevar al pleno municipal una moción proponiendo la declaración de Valladolid como capital oficial. Un brindis al sol que no encontró complicidad en el grupo popular que, con el alcalde Javier León de la Riva a la cabeza, se opuso responsablemente a esa propuesta. Su aprobación no habría tenido más efecto que el de enconar las relaciones entre ambas ciudades, amén de dar pábulo al «centralismo vallisoletano».

Ocurre además que en Valladolid hay ciudadanos molestos con la etiqueta de «centralistas» que se les coloca, no sólo en León, sin en todas las demás provincias de la comunidad autónoma. A mi juicio no les falta razón. El centralismo no lo ejercen los vallisoletanos, sino en todo caso las instituciones ubicadas en Valladolid y los gobernantes que están al frente de las mismas, no todos ellos nacidos a orillas del Pisuerga, empezando por el presidente de la Junta. Para ser justos sería más propio hablar del centralismo del gobierno autonómico en lugar del centralismo vallisoletano.

Y no todo son intereses contrapuestos. Pienso, por ejemplo, que no se ha valorado lo suficientemente el ejemplar consenso alcanzado en el seno de Caja España. Que todas las «fuerzas vivas» (como se decía antaño) de León, PP, PSOE, la UPL y sus escindidos, la patronal, los sindicatos, las opas, etcétera, hayan remado en una misma dirección es de por sí prodigioso. Pero que además la unanimidad se haya extendido a los consejeros de las demás provincias (Valladolid, Zamora y Palencia) en la entidad de ahorro es algo aún mas portentoso. El hecho demuestra que se pueden conciliar las legítimas aspiraciones de unos y otros y avanzar juntos siempre que haya sensibilidad y talento para conseguirlo. Esto último es, en mi opinión, lo que siempre ha escaseado en los gobernantes de Castilla y León. Que a los veintisiete años de autonomía, la autovía León-Valladolid siga siendo poco más que un proyecto revela hasta qué punto.

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