Diario de León
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El corro | pedro vicente

El drástico recorte aplicado en su Oferta Publica de Empleo para el 2010 (reducida casi a la mitad respecto a la del año pasado) indica ha sta que punto están llegando las estrecheces económicas a la Junta de Castilla y León. Cuando acabamos de iniciar el segundo trimestre del año las previsiones de ingresos contempladas en los presupuestos de la Comunidad han quedado absolutamente desfasadas. De un lado, la recaudación procedente de los tributos propios ha caído a niveles muy por debajo de lo presupuestado. Lo mismo que ocurre, asimismo a causa de la crisis, con las transferencias procedentes del Estado, en las que además, según las cuentas echadas por la Consejería de Hacienda, el Gobierno central habría escamoteado a Castilla y León 110 millones de euros.

Todo indica que la Junta está condenada a arrastrar números rojos en un año en el que la deuda pública se ha disparado hasta los 1.366 millones de euros. La solicitud al Banco Europeo de Inversiones de un crédito de 250 millones de euros para poder financiar las obras de remodelación y ampliación en los hospitales públicos de Salamanca, León y Valladolid refleja la preocupante situación de las arcas autonómicas.

A la fuerza ahorcan y a la Junta, lo mismo que al conjunto de las administraciones publicas, no le que queda otro remedio que apretarse el cinturón. Lo inexplicable es que la contención del gasto público no se haya producido antes y que hayamos estado viviendo en el 2008 y el 2009 por encima de nuestras posibilidades, generando más deuda y déficit de lo estrictamente imprescindible. Pero volviendo en concreto a la Junta, resulta muy llamativo que el primer agujero ganado al cinturón sea a costa de reducir en más de 1.300 puestos de trabajo la oferta pública de empleo. Ello cuando, después de siete meses consecutivos de incremento del desempleo, el paro está a punto de alcanzar en Castilla y León un nuevo record histórico. Realmente no es fácil de entender. Sobre todo cuando esa drástica reducción no se ha visto acompañada de ningún tipo de recorte en el organigrama de altos cargos del gobierno autonómico, que, al contrario que en otras comunidades, aquí permanece completamente intacto. La mera congelación salarial de los altos cargos de la Junta, acompañada este año de la equiparación a la baja de los sueldos en otras instituciones autonómicas, constituye un gesto de austeridad claramente insuficiente. Tras el incremento que registró la nómina política de la Junta al comienzo de la actual Legislatura, cuando engordó en un 25 por ciento con la creación de dos nuevas consejerías, existe un amplio margen para meter la tijera en ese organigrama. Por ello, reducir casi a la mitad la oferta publica de empleo sin amortizar ni un solo cargo político es algo que resulta casi obsceno.

Añádase que, pese a los ajustes aplicados desde la misma confección del Presupuesto, se constata el mantenimiento de muchas partidas de gasto, si no enteramente superfluas, muchas de ellas en absoluto imprescindibles, y en cualquier caso muchísimo menos prioritarias que la creación de empleo directo. En suma, la Junta ha comenzado a apretarse el cinturón por el lugar menos indicado.

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