Corramos un estúpido velo

H e escrito en otra ocasión sobre lo estériles que resultan los debates en torno a los Presupuestos que presentan las administraciones. Entre otras cosas porque, tan pronto se aprueban y entran en vigor, les resulta aplicable lo que decía Tierno Galván de los programas electorales: «Están para no cumplirse». Por eso, frente a la ficción de las previsiones, el único debate esclarecedor es el de la ejecución real de cada Presupuesto, es decir, lo que en realidad se lleva a la práctica.

Y a poco que se analice en qué han quedado las previsiones presupuestarias de la Junta para el 2010, se admitirá el ejercicio de fé necesario para creer en las del 2011. El apagón informativo decretado por la Consejería de Hacienda impide conocer el alcance exacto del ajuste presupuestario realizado a lo largo del año en curso. Pero nadie duda de que ha sido un ajuste de caballo. Allá por el mes de junio el presidente de la Junta lo cifraba en 535 millones de euros y anunciaba otras serie de medidas para ahorrar de inmediato 80 millones mas. Ese ajuste se ha mantenido en meses posteriores, en los que la Junta ha restringido el gasto incluso en capítulos tan prioritarios en plena crisis como los asociados al fomento del empleo. Recientemente hemos sabido que la partida destinada a la Renta Básica de Ciudadanía (27 millones de euros) quedará inédita, puesto que dicha prestación no entrará en vigor hasta el 2011. Y a esas alturas del año no habrá tiempo de gastar ni uno solo de los 150 millones de euros presupuestados en el 2010 para el Plan de Convergencia Interior (PCI). Siendo los desequilibrios territoriales uno de los grandes problemas estructurales de Castilla y León, y el PCI el instrumento creado para tratar de corregirlos, resulta imperdonable que la Junta haya dejado transcurrir el año sin aplicar esos fondos. Ello, con el agravante añadido, de lo necesarios que son esos 150 millones de euros para paliar en lo posible el estancamiento de la actividad económica. Pues bien, por increíble que parezca, ni una sola palabra al respecto se escuchó en el debate presupuestario celebrado la pasada semana en el Parlamento autonómico.

¿Cómo es posible -se preguntará el lector- tan clamorosa omisión? La explicación es sencilla: la Junta y el PSOE están negociando al respecto y los socialistas prefieren correr un estúpido velo sobre el asunto para no perjudicar el posible acuerdo. Todo un ejemplo de lo pernicioso que es para la transparencia democrática la dinámica bipartidista que se ha impuesto en las Cortes de Castilla y León desde que el grupo mixto que integran Joaquín Otero y Héctor Castresana ha abdicado de su autonomía e independencia a cambio de un esperado plato de lentejas que todavía está por cocinar.