La reforma

Los agentes sociales y el Gobierno han llegado al fin a un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones tras semanas de interminable y recurrente regateo. Y aunque todavía los términos del pacto no están totalmente establecidos y habrá que ver qué decisiones adopta hoy el consejo de ministros, ya se conoce que, finalmente, la reforma admitirá la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque en un marco flexible y con muchas excepciones, de modo que podrán jubilarse a los 65 años con la pensión íntegra quienes hayan acumulado 38,5 años cotizados.

Todos sabemos que la reforma de las pensiones era simplemente una prueba de solvencia del Estado español, que había de demostrar así su capacidad para sanear sus estructuras económicas ante los mercados, el Directorio Europeo y la comunidad internacional, pero la reforma en sí misma no guarda relación alguna ni con el ajuste fiscal ni mucho menos con la reactivación de nuestra economía. Porque, como es conocido, nuestro modelo de previsión social es de los llamados «de reparto», de forma que lo que el sistema recauda en cuotas es distribuido en pensiones, y de lo que se trata es de asegurarse de que en el futuro se recaudará lo suficiente para mantener unas prestaciones dignas e incluso crecientes si así lo permiten nuestras conquistas en términos de renta y prosperidad.

Ha parecido sin embargo que los agentes sociales y los partidos estaban manteniendo una singular batalla ideológica, como si los sindicatos estuvieran a favor de los intereses de los pensionistas frente a no se sabe bien qué oscuras resistencias. Cuando la cuestión tenía simplemente un alcance técnico: según las cuentas que acaban de publicarse, en 2010, nuestra Seguridad Social ya habría arrojado déficit si no fuera porque en el capítulo de ingresos ha sido posible sumar los intereses del Fondo de Reserva; no es difícil de entender que si hoy estamos en este precario equilibrio, el sistema no sería sostenible sin profundas reformas en cuanto se fuese cumpliendo la previsión de un paulatina envejecimiento de la población a causa de la baja natalidad y del incremento de la esperanza de vida.

Dicho esto, y tras celebrar el 'pacto social' que servirá sin duda para generar confianza, hay que añadir acto seguido que lo acordado no garantiza realmente casi nada: las previsiones demográficas a medio y largo plazo tienen una fiabilidad escasísima por razones obvias, y de hecho nadie hace quince años podía prever que alrededor del 10% de los habitantes de este país serían hoy inmigrantes. De forma que no quedará más remedio que ir revisando periódicamente los parámetros del sistema para garantizar su sostenibilidad.