Una defunción anunciada

La larga agonía que ha venido sufriendo el Banco Ceiss (Caja España-Caja Duero), toca a su fin. El agujero patrimonial detectado por el FROB hace inviable cualquier otra salida que no sea su inminente nacionalización en los términos impuestos por Bruselas: Reducción del negocio al ámbito territorial, cierre de 263 oficinas y amortización de unos 1.500 puestos de trabajo (aproximadamente la tercera parte de la plantilla).

Tras su saneamiento, el FROB adjudicará el banco al mejor postor, que se hará cargo del mismo y a otra cosa. Las dos principales cajas de Castilla y León se habrán evaporado y su obra social tendrá serias dificultades para sobrevivir. El actual equipo directivo del banco, pactado directamente por PP y PSOE, ha avanzado con paso firme y acelerado por la senda del precipicio hasta alcanzar el balcón del abismo. Aquel proyecto político, compartido por los principales partidos, de fortalecer el «músculo financiero» ha concluido con la liquidación en almoneda de las seis entidades de ahorro de la comunidad. Un fiasco monumental de consecuencias incalculables en todos los órdenes: económico, financiero, laboral y social.

Lo mas sangrante del caso es nadie se ha hecho responsable de ello. Ni los políticos que pactaron la estrategia a seguir con las cajas —con Juan Vicente Herrera y Óscar López a la cabeza— ni sus respectivos compañeros de partido que poblaron los consejos de administración. Por supuesto, tampoco los ejecutivos y directivos de las entidades, que no advirtieron la catástrofe y que en no pocos casos abandonaron el barco con el riñón muy bien cubierto por las indemnizaciones que ellos mismos se habían agenciado.

La responsabilidad de este completo desastre es amplia y compartida. Además de la apuntada más arriba, está la dejación de funciones por parte del Banco de España y de la Consejería de Economía, que, teniendo competencias para ello, no han evitado abusos y desmanes en algunos casos escandalosos. Y no cabe echar la culpa a la crisis financiera, a la burbuja inmobiliaria y a la morosidad del ladrillo. Eso lo han sufrido todas las cajas y no todas ellas se han ido al garete. Las que estaban bien gestionadas, como La Caixa, Ibercaja o Unicaja, han resistido la crisis y salen de ella fortalecidas. Y tampoco era cuestión de tamaño, como lo demuestra la supervivencia de las de Pollensa y Onteniente.

La quiebra de las seis cajas de Castilla y León tiene manifiestos responsables —sea por acción, sea por omisión— y ninguno se ha dado por aludido. Suerte para ellos que, salvo en el caso de Caja Segovia, determinadas beneficios obtenidos por consejeros (créditos, dietas y otras prebendas) y por directivos (indemnizaciones, planes de pensiones, etc.) no está siendo objeto de atención judicial.