Iglesia-Estado

Se cumplen exactamente 60 años de la firma del Concordato español con la Santa Sede, una más de las consecuencias benéficas la guerra fría para el régimen franquista. Como se sabe, el entonces ministro Martín-Artajo, acompañado por el entonces embajador ante la Santa Sede, Castiella, firmaron con el prosecretario vaticano Tardini un acuerdo que en realidad retornaba al viejo Concordato de 1851, en tiempos de Isabel II, que fue derogado por la República. El Concordato otorgaba al jefe del Estado español el privilegio de la presentación de obispos, el del fuero eclesiástico -los sacerdotes no podían ser juzgados sin permiso del obispo-, y el «presupuesto de culto y clero».

Aquel tratado fue podado por el acuerdo de 1976 -el rey Juan Carlos lo impulsó para eliminar los privilegios de presentación de obispos y del fuero eclesiástico- y, modificado por los de 1979 -que en realidad, constituyen «una revisión del Concordato vigente», según se dice en los mismos-. Pero tales acuerdos -uno sobre asuntos jurídicos, un segundo sobre enseñanza y asuntos culturales y un tercero sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y le servicio militar de clérigos y religiosos-, que fueron negociados en la etapa preconstitucional aunque se rubricaron poco después de promulgada la Carta Magna, constituyen hoy un grave anacronismo, tanto para el Estado español cuanto para el propio Vaticano, que ha evolucionado mucho desde entonces.

La coyuntura actual de la Iglesia católica es inestable porque la elección del papa Bergoglio, rupturista con respecto a los papas anteriores, ha acontecido cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, el conservador Rouco Varela, tiene presentada su dimisión desde 2011, cuando cumplió los 75 años, y todo indica que el papa Francisco se la aceptará en marzo de 2014, cuando haya de elegirse a un nuevo presidente de la Iglesia española (de hacerlo antes, Rouco tendría que abandonar el cargo inmediatamente, y le sustituiría hasta la siguiente elección el actual vicepresidente, monseñor Ricardo Blázquez).

Es muy notorio que Rouco, quien ha cumplido tres mandatos en ese cargo -los mismos que el inolvidable Tarancón-, está en las antípodas de la nueva Iglesia que postula el papa argentino, quien, como es bien conocido, ha elogiado el laicismo del Estado como mejor escenario para una buena convivencia entre la política y la Iglesia.

Rouco, en cambio, ha encabezado tumultuarias manifestaciones para conseguir que la ley civil se acomode al dogma religioso, y ahora mismo acaba de conseguir un resonante «triunfo» político al lograr que el ministro Wert haya aceptado eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía’ e instaurar la asignatura de religión como evaluable y computable en la última reforma educativa, que ya está a punto de aprobarse en el Parlamento de España.