Reglas de conducta

No dejan de aparecer en las noticias conflictos armados en los que el término «crímenes de guerra» destaca de forma alarmante. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece las conductas a seguir por los beligerantes y por lo tanto líneas rojas que no se pueden traspasar sin incurrir en graves responsabilidades.

El DIH surgió como respuesta a las atrocidades que se cometieron principalmente en la Segunda Guerra Mundial, los Convenios de Ginebra de 1949, junto con sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. A ellos hay que sumarles el Convenio de Ginebra de 1864 y el Convenio de la Haya de 1954. En esta legislación se recogen los principios básicos que deben presidir todo conflicto bélico. Tanto los derechos y deberes de los que participan en las hostilidades, medios y modos de combate, la protección de las personas y bienes, como los principios que limitan el uso de la fuerza.

Es de destacar por su importancia el artículo tres común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que en sí mismo constituye todo un código de conducta. Determina que debe tratarse con humanidad a todo el que no sea combatiente, no discriminar a nadie aunque sea enemigo de la aplicación del DIH, prohibición absoluta de la toma de rehenes o atentar contra la dignidad de la persona sea combatiente o no.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la denominada «cláusula De Martens» recogida en otros convenios establece que los casos no previstos en DIH las personas civiles y combatientes quedarán amparados por los principios de humanidad y conciencia pública.

De lo hasta aquí expuesto se deduce que los comandantes militares no pueden utilizar cualquier método ni arma para conseguir sus objetivos. Todo comandante militar debe tener muy presente en su toma de decisiones el DIH. No puede atacar objetivos indiscriminadamente. Dos principios básicos deben presidir su proceso de toma de decisiones. El primero es que solo puede atacar objetivos que le proporcionen una ventaja militar. El segundo es que con su ataque provoque los daños estrictamente necesarios para el cumplimiento de su misión. En resumen, no vale todo en la guerra.

Si no se cumple con límites anteriores el comandante militar puede incurrir los denominados «crímenes de guerra». Tienen su base legal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado en Roma y que entró en vigor el 1 de julio del 2012. En su artículo ocho establece lo que son los «crímenes de guerra». Entre ellos: dirigir ataques intencionalmente contra la población civil o bienes civiles, atacar ciudades que no estén defendidas, usar emblemas de hospitales de forma fraudulenta. La protección de los civiles adquiere especial relevancia en la definición de los crímenes de guerra.

En torno a un 90% de las bajas en los conflictos armados actuales son civiles a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por proteger a los no combatientes. No se pueden usar civiles como escudos humanos, ni atacar ciudades de forma indiscriminada sin una definición de objetivos militares previa.

Existen mecanismos para evitar que la población civil se vea expuesta al fuego enemigo. Básicamente consisten en la adopción de acuerdos entre las partes para crear áreas donde no se desarrollarán combates. Bien a través de la creación de zonas desmilitarizadas, zonas neutralizadas (en ambas no habría tropas combatiendo) o zonas sanitarias en las que se refugiarán heridos y enfermos.

Estos acuerdos son más fáciles de conseguir entre Estados civilizados como ya se demostró por ejemplo en la guerra de las Malvinas entre argentinos y británicos. El problema surge cuando una de las partes del conflicto armado es un grupo terrorista que no está dispuesto a asumir los compromisos impuestos por el DIH. Los horrores de la guerra tienen paliativos, que no soluciones definitivas, pero cuando uno de los beligerantes tiene por ideario el terror, la aplicación del DIH se hace muy difícil. En eso también consiste la asimetría del conflicto armado. La erradicación de la escena internacional del terrorismo se revela como una necesidad para que las poblaciones civiles dejen de ser las principales víctimas de los conflictos armados.