La carga de la prueba
P or haber ganado las elecciones sobradamente, nada menos que con una diferencia de 52 diputados sobre el segundo, el PP tiene el bien ganado derecho y también la obligación de buscarse en otros partidos los apoyos y la complicidad que necesita para superar su insuficiencia. Sin embargo se ha hecho recurrente la tendencia a desviar hacia el PSOE la carga de la prueba. Por eso ha descargado un aluvión de críticas sobre el hecho de que el pasado fin de semana el comité federal de este partido haya abrazado la tesis de su líder, Pedro Sánchez, centrada en el consabido «no es no» socialista a una eventual investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy. «De las tres opciones: abstención, voto a favor o voto en contra, los socialistas votaremos en contra», dijo Sánchez ante el comité federal del sábado pasado.
Las críticas no lo son tanto por lo que se ha dicho, que también, sino por lo que no se ha dicho. Es decir, por el silencio socialista respecto a su futura posición si las dificultades del PP en la captación de socios nos encaminan hacia unas nuevas elecciones generales ¿A qué viene exigir al PSOE una posición frente a un escenario político hoy por hoy inexistente, virtual, imaginado, hipotético? ¿Tan poca fe se tiene en las posibilidades de Rajoy para encontrar compañeros de viaje?
No es que el Partido Socialista anuncie el «no es no» al PP aunque el precio sea la vuelta a las urnas. No. Simplemente, es que el PSOE no ha entrado a ese trapo porque se niega a adelantar acontecimientos, y está en su derecho. Es un «de entrada, no», que deja la pelota en el tejado del partido ganador de las elecciones y rechaza el papel de costalero del PP que le quieren endosar, como si el PSOE fuese el primer responsable en el desbloqueo de la situación. Y no es así.
Al menos de momento el PSOE no tiene el deber ni la necesidad de anticipar su posición. Si la soledad política del PP no dejase otra alternativa que unas terceras elecciones, el problema ya no seria exclusivo del PP. Sería un problema de Estado y, por tanto, también del PSOE.
Entonces, y solo entonces, cuando ya no sea Rajoy sino el Estado el que llama a las puertas de Ferraz, será el momento de exigir a Pedro Sánchez que se pronuncie. Y lo hará según el espíritu y la letra del mandato contenido en la resolución del Comité Federal del pasado 28 de diciembre: «En las decisiones y el comportamiento del Partido Socialista primaría siempre el interés general de la sociedad española, por encima de intereses partidarios y personales».