El modelo vasco para Cataluña
L os vascos han reproducido el modelo de coalición PNV-PSE que tan magníficos frutos dio en el decisivo periodo 1987-1998. Las formaciones capitaneadas por Andoni Urtúzar, presidente del PNV, y por la líder del PSE, Idoya Mendía, han acordado investir lehendakari a Iñigo Urkullu. Los 28 escaños nacionalistas y los 9 socialistas suman 37, a uno de la mayoría absoluta, por lo que Urkullu deberá esperar a la segunda votación; como es sabido, en la investidura vasca los partidos sólo pueden votar afirmativamente a un candidato o abstenerse. El acuerdo, plasmado en setenta páginas, contiene acuerdos en materia de empleo, desarrollo económico, servicios públicos y políticas sociales así como avances en el autogobierno, siempre dentro de la legalidad vigente. En materia de terrorismo, los socios exigen a ETA la disolución y el desarme y al gobierno del Estado cambios en la política penitenciaria.
En 1987, cuando el PSE cedió al PNV (debilitado por la reciente escisión de EA) la lehendakaritza a pesar de haber obtenido más escaños (pero no más votos) —Aizpeolea ha recordado las explicaciones que ha dado el socialista Ramón Jáuregui, cabeza socialista entonces, sobre aquella cesión, cuya única alternativa real era provocar nuevas elecciones—, el gran argumento que justificaba el maridaje era la necesidad de conciliar, en aras de la paz, las sensibilidades nacionalista y no nacionalista. Y la experiencia, golpeada constantemente por el salvaje terrorismo etarra, fue fecunda, e influyó decisivamente en el terreno ideológico en el aislamiento y el combate contra ETA. El Pacto de Ajuria Enea de 1988 fue un golpe mortal contra la banda armada, a pesar de las veleidades del PNV a partir de 1998, cuando el PNV se echó al monte y firmó el pacto de Estella, como anticipo del ‘plan Ibarretxe’ que llevó al nacionalismo moderado fuera de Ajuria Enea.
Hoy, en Euskadi ha cesado la violencia, se ha impuesto una estabilidad admirable y la ciudadanía disfruta de un estado de bienestar excelente.
Euskadi disfruta de un «pacto fiscal» consagrado en la Constitución por razones históricas y de coyuntura en 1978, y es evidente que cabría una extrapolación de este modelo a una estructura estatal de consistencia federal que satisficiera a las comunidades que, como Cataluña. En otras palabras, si el nacionalismo moderado catalán, en lugar de aliarse con el nacionalismo radical (ERC) y con el antisistema (la CUP), optara por vincularse a unas fuerzas estatales que fueran su pista de aterrizaje en el camino de una profunda reforma del statu quo, cabría una solución ‘a la vasca’ en que las principales reclamaciones del catalanismo político pudieran colmarse. Para ello, sólo haría falta disposición a negociar entre la Generalitat y el Gobierno y una cierta grandeza de espíritu de todos los actores concernidos.