La decencia, según el soberanismo
U no de los valores más acreditados en esta sociedad asaeteada por la corrupción es la decencia. Un gobernante decente es hoy la máxima aspiración de una ciudadanía que ha padecido uno de los mayores escarnios que recuerdan las democracias occidentales en lo últimos tiempos de manos de un ‘establishment’ que se ha enriquecido a su costa y que ha financiado a mafias de desaprensivos que se han apoderado de Estado y de sus diferentes compartimentos.
A sensu contrario, la indecencia es el atributo más repulsivo que pueda lanzarse, y así, el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat ha declarado que su institución ha decidido personarse ante el Tribunal Constitucional para defenderse de la «indecencia» que, a su juicio, supone el recurso promovido por el Gobierno contra el reglamento del Parlament, ya que éste hace «saltar por los aires la máxima de que todos somos iguales ante la ley».
Pues bien: ya que los soberanistas han optado por llevar el asunto al terreno ético de la decencia, veamos en que consiste la insidiosa reforma del artículo 135 del reglamento del Parlamento catalán, ahora suspendida: con ella, se pretendía sencillamente introducir, para la elaboración de las leyes de desconexión, un procedimiento más permisivo de aprobación en lectura única (sin debate en ponencia y comisión y sin posibilidad de introducir enmiendas) que en la práctica supone prescindir absolutamente de la oposición en decisiones de la máxima trascendencia. Es falso que, como ha dicho el señor Rufián, el TC desautorice la ‘lectura única’ en Cataluña y la tolere en los demás parlamentos del Estado: la lectura única ya estaba contemplada también en el art 135 del Reglamento del Parlamento autonómico de Cataluña, pero a través de proposiciones de ley «firmadas por todos los grupos», requisito que se ha eliminado. Ahora, el procedimiento singular es un subterfugio para orillar el método democrático genuino.
¿Dónde está, en fin, la indecencia en este caso? ¿En quienes quieren expulsar de facto a las minorías de la cámara autonómica para adoptar sin resistencia decisiones nulas por ilegales y ajenas al ámbito de su competencia, o en quienes pretenden recuperar el espíritu constitucional?