EDITORIAL: Una decisión de la Justicia que debe entenderse como una prueba de su independencia

La decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a siete exconsellers debe entenderse como una prueba de la independencia de la Justicia. Desde que se conoció la iniciativa de la jueza Carmen Lamela se han sucedido las reacciones y parece fundamental aclarar que en ningún caso se puede interpretar como un proceso contra ideas, se trata de una medida cautelar de un tribunal contra las acciones desarrolladas por ese gobierno de la Generalitat.

En España en poco más de doce meses se cumplirán 40 años de la entrada en vigor de una Constitución con todas las garantías. Y por ello pensar que los jueces actúan por intereses ajenos a la defensa de la legalidad o asegurar que siguen de algún modo consignas políticas, supone un insulto al Estado de Derecho que además queda automáticamente desautorizado si se repasa la historia de la Democracia española, en la que gobiernos de todo signo o entidades e instituciones de lo más diverso se han visto atacadas por los tribunales cuando han incumplido las leyes que nos hemos dado a través de nuestros representantes en el Parlamento elegidos con todas las garantías posibles.

Los intentos de confundir y de engañar de los independentistas y de quienes les han apoyado buscando alterar nuestro sistema democrático han quedado al descubierto en las últimas semanas a medida que se ha producido un verdadero ‘proceso’ de vuelta a la normalidad democrática en Cataluña, en un giro que mira hacia el 21 de diciembre como fecha clave, cuando los ciudadanos de esta comunidad autónoma podrán pronunciarse en las urnas con total libertad en un sistema homologado y sin trampas.

Pronunciamientos como el realizado ayer por el Ayuntamiento de Barcelona, que dirige Ada Colau, sobre que el único gobierno legítimo de Cataluña es el de Carles Puigdemont son inaceptables y sólo sirven para agravar la crisis y producir nuevos daños en este esperpento en el que nos hemos visto envueltos.

El Banco de España facilita un dato que debería tenerse en cuenta. La economía del país perderá hasta 27.000 millones de euros en dos años si el actual conflicto se enquista. La impunidad no parece admisible cuando existe un perjuicio real y cierto hacia todos. En ese contexto debe entenderse que los tribunales den pasos para hacer Justicia.