Diario de León
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PANORAMA Antonio Papell
León

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T ras la sesión de la comisión Generalitat-Estado del miércoles, que llevaba siete años sin reunirse, es razonable suponer que algo ha cambiado, aunque cualquier exceso de optimismo sería irracional. La relación bilateral se había roto el 20 de septiembre de 2012 —Rajoy llevaba nueve meses en La Moncloa—, una semana después de una gran manifestación del 11 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno se negó en redondo ante Artur Mas a tomar en consideración siquiera la posibilidad de un pacto fiscal. Una nota de Moncloa explicaba que el jefe del Ejecutivo había expresado su oposición «a un concierto económico para Cataluña» —similar al del País Vasco— al entender que dicha fórmula de pacto fiscal no es «compatible con la Constitución, que todos los gobernantes están obligados a cumplir y a hacer cumplir».

El resto de la historia es conocido. Mas y Rajoy volvieron a reunirse en 2014 y en aquella ocasión Mas le presentó una relación de 23 demandas en materia de economía, cultura, educación e infraestructuras. No hubo respuesta audible, pese a que bastantes de las demandas tenían todo el sentido. Y, en todo caso, cualquier presidente autonómico tiene derecho a ser escuchado por el presidente del Gobierno y a discutir con él sus peticiones.

La relación se fue enrareciendo y comenzó el unilateralismo catalán, que el 9 de noviembre de 2014 celebró su «proceso participativo». Rajoy y Puigdemont, sucesor de Mas, sólo mantuvieron una reunión oficial, en febrero de 2017, y en ella el presidente de la Generalitat propuso al del Gobierno 46 demandas. Entonces sí se mostró Rajoy dispuesto a negociar sobre todas ellas excepto la que reclamaba el derecho de autodeterminación pero ya era tarde. En septiembre, el soberanismo daba el golpe de mano parlamentario que desembocaba en el referéndum del 1-O. La aplicación del art. 155 CE fue entonces inevitable. La obstinación independentista nos llevó al desastre, pero el Gobierno, que intentó un poco creíble proceso de diálogo que resultó fallido antes de nacer, no tomó las iniciativas necesarias para desactivar políticamente aquella deriva. Sánchez no interfirió y se mostró leal a Rajoy durante todo el proceso. Ahora, corresponde a Sánchez intentar una salida política al conflicto.

Tanto el PP de Casado —Sánchez arrodillado ante Torra, ha llegado a decir Dolors Montserrat— como Cs han criticado en durísimos términos este intento de resolver mediante la negociación el conflicto. La tarea es ardua, sumamente difícil y quizá no dé resultado. Pero ¿cuál es la opción alternativa? ¿Qué brillante salida proponen Casado y Ribera a la situación creada? La democracia es el método más civilizado de resolución de conflictos que la humanidad ha inventado. Hay otros, evidentemente, aunque ni siquiera deberíamos atrevernos a describirlos.

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