Oriol y los demás
C omo consecuencia del hundimiento de buena parte del tinglado político y económico vigente hasta hace unos años, y gracias al trabajo inestimable de unos cuantos jueces, fiscales e investigadores de policía judicial, no son pocos los personajes de relieve, en su día distinguidos como próceres, que han dado con su osamenta en la cárcel y se han visto convertidos en reclusos. Antiguos ministros, diputados, senadores, consejeros, alcaldes, concejales, presidentes de comunidad autónoma, incluso todo un vicepresidente del gobierno y el cuñado del jefe del Estado. Tras las averiguaciones oportunas y previa tramitación del juicio correspondiente, todos ellos han ido encontrando su aposento en el sistema penitenciario y allí continúan muchos de ellos.
Pudo no ser rápido el proceso que acabó estableciendo sus responsabilidades penales, pero una vez que estas quedaron acreditadas y fijadas en sentencia firme, la pesada maquinaria de la justicia prosiguió su curso implacable y los enfrentó al cumplimiento de sus condenas.
No puede decirse que se hayan beneficiado de un trato de favor: ni a la hora de concederles permisos o suavizaciones de su régimen de privación de libertad ni a la de tener en cuenta, por ejemplo, sus problemas de salud. Diríase que tanto los jueces como quienes deben asegurar el cumplimiento de la pena han sido conscientes de la gravedad y la lesividad de sus acciones ilícitas, con las que defraudaron la confianza de los ciudadanos y erosionaron el bien común.
Sin propugnar en ningún caso el encarnizamiento, y menos en un sistema jurídico-penal como el nuestro, en el que la pena tiene como fin prioritario la reinserción, el mensaje que con ello se traslada, en términos de disuasión de conductas similares y concreción del reproche social al corrupto, puede considerarse saludable. Entre otras cosas para superar esa tendencia según la cual los crímenes de los ciudadanos de a pie reciben un trato peor que el de los cometidos por las personas de cierta posición, lo que supone un atropello al principio de igualdad intolerable en un Estado que se dice social y democrático de Derecho.
Sin embargo, a lo expuesto hay una llamativa excepción, la que hemos conocido en fecha reciente en relación con la pena de prisión impuesta a Oriol Pujol, hijo del antiguo presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por una conducta altamente reprobable en perjuicio del interés general. Tras completar sólo dos meses de cumplimiento, se le ha clasificado en el régimen más benigno. Lo que suscita una incómoda pregunta: ¿acaso la clase política catalana goza de unos derechos especiales y superiores a los que tienen los políticos nacionales, o hemos de entender tal vez que de la ciudadanía de Cataluña sale más barato burlarse? Trasládese a quien corresponda.