Diario de León

España, infierno fiscal. ¿León…?

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Decía Jean Baptiste Colbert que «el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido». Poco a poco se va desvelando un incremento de la presión fiscal de proporciones bíblicas, al contrario que otros paises de nuestro entorno, debido a nuestro déficit crónico, el mayor de la Eurozona y no al temporal efecto del covid. Al contribuyente se le sigue tratando como de si de un menor de edad se tratase, quizá para tapar los graznidos que se infieren de la cita del que fuera ministro de Luis XIV. Se le engaña con el señuelo de la tributación de los ricos, cuando las medidas a aplicar van a recaer en las clases medias, como el peaje en las autovías o, especialmente sangrante para las familias más modestas, la eliminación de la deducción por tributación conjunta en el IRPF. No tardará mucho en llegar a nuestros oídos la subida del IVA del 10% al 21% en hostelería, como ya existe desde hace años en el resto de Europa y también la elevación de los impuestos a los carburantes, entre muchas otras de gran trascendencia para el común de los mortales. Preparen la cartera.

Sin embargo, cuando se habla de impuestos, se piensa sólo en el Estado y no en las comunidades autónomas, apareciendo éstas como administraciones «amables» que ofrecen servicios como sanidad o educación, sin que seamos conscientes de que una estructura como la nacida de la Constitución del 78, en la cual se basa la creación de estos entes, es carísima, duplicando absurdamente gastos como mantener las diputaciones sin ser absorbidas por las delegaciones provinciales de las autonomías, cosa que sí ocurre en las uniprovinciales, sin que nadie se acuerde de tan obsoleta figura.

Los dirigentes de nuestra birregional autonomía hablan de sus bondades tributarias, sobre todo cuando desde el pasado 9 de mayo se desfiscalizan las sucesiones, después de paralizar hace un año el correspondiente Proyecto de Ley. Pondré cuatro ejemplos de nuestro particular infierno fiscal.

—Es cierto que la tributación de las sucesiones ha quedado practicamente eliminada, pero sólo entre padres e hijos, como ya lo fuera entre 2007 y 2012. Heredar de un tío o de un hermano seguirá siendo confiscatorio, con los tipos impositivos más altos de España. Como ejemplo, en el supuesto de dos hermanos convivientes en el que la vivienda, valorada en 200 mil Euros sea del fallecido, quien además lega un local valorado por la Junta de Castilla y León en otros 200 mil y que lleva años intentando vender sin que le llamen siquiera para preguntar, le saldrán a pagar cerca de 130 mil Euros si el patrimonio preexistente del heredero es inferior a 402 mil Euros, caso contrario, añadan mínimo un 5% más. En el supuesto muy normal, de tíos sin descendencia a sobrinos, es peor todavía. Curiosamente en las recientes elecciones en Madrid, el PP proponía incrementar del 15% al 25% la bonificación entre hermanos y del 10 al 15% entre tíos y sobrinos mientras que el PSOE presentó el 12 de febrero una propuesta de bonificación por tramos entre el 10 y el 30% y entre el 4% y el 20%, respectivamente. Teniendo en cuenta que el tipo marginal puede llegar al 80% en estos casos, es poca la bonificación, pero algo es algo.

Cuando se habla de impuestos, se piensa sólo en el Estado y no en las comunidades autónomas, apareciendo éstas como administraciones «amables» que ofrecen servicios como sanidad o educación, sin que seamos conscientes de que una estructura como la nacida de la Constitución del 78, en la cual se basa la creación de estos entes, es carísima, duplicando absurdamente gastos

—El Impuesto sobre el Patrimonio más alto de España, no habiendo deflactado los tramos en más de 30 años y aplicando la subida introducida desde el 1 de enero por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 para aquellas comunidades autónomas que utilicen esta tarifa por defecto y que puede llegar hasta el 3,5% anual del patrimonio. El PP nacional ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por entender que es confiscatorio. Sería bueno que sus correligionarios de Valladolid se enterasen. Además, cabe señalar que este impuesto, inexistente en Europa, supone sólo el 0,28% de los ingresos de la comunidad e incentiva deslocalizaciones fiscales a Madrid o Portugal, perdiendo de recaudar no sólo el Impuesto sobre el Patrimonio sino el 50% del I.R.P.F. Increible lujo nos permitimos.

—Si queremos constituir una empresa en Castilla y León o ampliar capital en la misma, nos encontramos con el tipo impositivo más alto de España, el 1,5% del montante. Segregar un local, cuesta el 1,5% del valor que le confiera la Junta. Galicia o Asturias aplican el 1%.

—En la compra de una vivienda de segunda mano, también contamos con los tipos más altos de España, 8% hasta 200 mil Euros, 10% por encima. Al valor de la Junta, naturalmente. Andalucía que tiene una fiscalidad parecida está en trámites de bajar al 7%.

La tributación local tampoco se queda atrás. En León sufrimos uno de los recibos de IBI más altos de España, atendiendo al valor de los inmuebles. Ello hace que el 50% de los ingresos del Ayuntamiento provengan de la recaudación de este impuesto, frente a la media nacional del 36%. Teniendo en cuenta que esto no es Málaga, con miles de segundas residencias, parece una barbaridad. Por poner un ejemplo, la nómina pública de Gijón, con más del doble de habitantes (272 mil frente a 124 mil), es menor que en León (62 millones frente a 70), de lo que se deduce que el IBI va enterito a pagar a una sobredimensionada masa laboral. Además, en cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el hermano heredero al que hacía referencia anteriormente se encontrará con la desagradable minuta de hasta 20 mil Euros más, sin reducción alguna, al contrario que en otras ciudades. Y además, dado que el Ayuntamiento vive en el Paleolítico digital, sin la posibilidad de presentar autoliquidación y tener que ir físicamente, no sin antes sortear todo tipo de trastos de tómbola diseminados recientemente por el nuevo Ordoño II poligonero.

No es mi intención entrar en respetables discusiones acerca de la conveniencia de una hipotética autonomía para León, en la que para empezar, no se sabría si sería de 3, 2, 1 o media provincia, si El Bierzo, abriéndose la olla exprés de buscar cada uno el momento histórico que le apetece, quiere revivir los lazos con el orensano Barco de Valdeorras.

Mi ánimo es exclusivamente poner en duda la Arcadia feliz económica y por tanto fiscal, que proponen algunas iniciativas. En el mundo del dinero, se pueden utilizar diferentes métodos a la hora de valorar una compañía, pero el principal es el descuento de flujos futuros. Hoy se puede empezar en un garaje y acabar siendo Apple o ser una potencia como Olivetti y desaparecer. Por tanto, la foto fija no vale, sino el futuro.

La inmensa mayoría de los ingresos tributarios de una comunidad provienen de la aplicación de un tipo impositivo propio al 50% de la base imponible del IRPF, así como el 100% del IVA en fase minorista. Con una de las tasas de actividad más bajas de España y la carencia de empresas grandes donde las condiciones salariales son mejores, es de suponer que nuestra parte de IRPF sea mucho menor que haciendo la cuenta de la vieja dividiendo los ingresos de Castilla y León entre el número de habitantes. Además, ser una de las poblaciones más envejecidas trae como consecuencia que los ingresos por IVA en fase minorista también sean menores, al tratarse de un colectivo que no suele adquirir, entre otras cosas, viviendas nuevas o automóviles. Pero sobre todo, no se tiene en cuenta la demografía, problema del Noroeste de España, estimando el Instituto Nacional de Estadística que la provincia perderá el 12% de la población entre 2018 y 2030, así como la ciudad de León el 11%, con los efectos que tiene en cuanto a las fuentes de financiación.

Por la parte del gasto, en realidad a las autonomías les haría falta someterse a una dieta de adelgazamiento, ya que han disparado la burocracia y la cifra de personal al máximo histórico. Un ratio alto de empleo público en relación al total suele ser un indicador de que las cosas no van bien, así los 3 más altos de España están en el 31% de Extremadura, 29% en Asturias o 26% en Castilla y León. Por experiencia hemos visto que nuevas competencias, llevan a una abundancia de consejerías, direcciones generales, chóferes, secretarias, escoltas, cargos de confianza, chiringuitos, entes o burocracia, que tendremos que pagar solos en vez de 9 provincias y si Castilla y León pinta en España entre poco y nada en cuestión de apoyo, una taifa nueva nacería en la más total irrelevancia. Además, nada se dice de la deuda, no sólo tendremos que hacernos cargo de nuestra parte sino que su servicio resultará más caro dado que para cualquier acreedor nuestra solvencia se vería mermada.

Pero sobre todo, es desconocer, que nuestro track record de autogestión es francamente mejorable, con la desaparición de la Caja de Ahorros, una Universidad feudal y autista, una pésima gestión de los fondos mineros o los Ayuntamientos números 1 y 3 de la provincia acorralados por el sobredimensionamiento de sus gastos de personal. Quitando muy pocas excepciones individuales, hemos tenido una clase política que no ha dado la talla, ha buscado más medrar fuera de León o las dos cosas. Sin olvidar los llamados sindicatos de clase, promotores de la tomadura de pelo de la Mesa por León.

Aún así, no hay tiempo que perder, no todo está perdido.

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