Contra la agresión al pueblo iraquí

El artículo 1 de la Carta de San Francisco por la que se fundó la ONU declara que «Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz». Cualquier lector lógico y de buena fe solo puede concluir de esa lectura que el objetivo prioritario de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y no, por ejemplo, el inicio de «guerras preventivas»; que el ajuste de controversias internacionales -por ejemplo, tareas de desarme de estados decididas por el Consejo de Seguridad- debe hacerse por medios pacíficos y que solamente para «suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz» son autorizables «medidas colectivas eficaces» que podrían no ser pacíficas. Esa interpretación ha sido la vigente desde 1945 hasta ahora, de forma que las únicas operaciones bélicas autorizadas por Naciones Unidas lo han sido con posterioridad a actos de agresión previos. Dicho de otra forma, la ONU tiene la obligación moral y la posibilidad legal de respaldar una acción armada en defensa de uno de sus miembros que haya sido agredido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han producido en el mundo muchos conflictos armados, bastantes estuvieron promovidos por Estados Unidos, ninguno fue iniciado por la ONU y muy pocos estuvieron avalados por el Derecho Internacional y la institución que lo define. Esos fueron los casos de las intervenciones bélicas autorizadas tras la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte en junio de 1950 o la que siguió a la ocupación de Kuwait por Irak en agosto de 1990. Ni en el artículo citado ni en el resto de la Carta de San Francisco se menciona que la misión de las Naciones Unidas sea derribar tiranos porque eso no pertenece a la esfera de las relaciones internacionales y mejor sería que hubiera prohibido el apoyo al encumbramiento y la consolidación de tanto sátrapa como ha existido en el mundo durante los últimos 58 años. Pues bien, como Irak esta vez no ha agredido a nadie, los partidarios de la guerra no encuentran el argumento que permita sostener jurídicamente la decisión unilateral de atacar adoptada por la administración Bush. Además, esa pretensión va a encontrar el obstáculo procedimental insalvable del veto que pueden ejercer los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los posibles vetos se han visto plenamente justificados por el eficaz trabajo de los inspectores de la ONU, por la bochornosa falsificación de documentos y fotografías para hacerlas pasar como pruebas contra Iraq, por las amenazas, coacciones e intentos de soborno -siempre más fácil a dirigentes que a todo un pueblo- para obtener votos favorables a la guerra o pasos de tropas. Llegados a este punto conviene preguntarse por qué los actuales dirigentes de Estados Unidos preferirían tener el respaldo de la ONU aunque tengan decidido atacar sin él o por qué contemporizan con unos aliados que no necesitan militarmente dada su abrumadora superioridad militar y destructiva. ¿Se necesitan cómplices para diluir responsabilidades ante la magnitud de la posible matanza? ¿Se necesitan socios con los que compartir las bajas ante las dificultades de una larga ocupación, explotación y apropiación de los recursos iraquíes? ¿Desprestigiar o subordinar a la ONU a los exclusivos intereses norteamericanos son también objetivos de los belicistas?. La movilización de las opiniones públicas en todo el mundo ha sorprendido completamente a los promotores de esta guerra que exhiben obscenamente como coartada el ataque terrorista del 11 de septiembre. En cabeza de esa oposición a la guerra está la abrumadora mayoría de los ciudadanos europeos que llevan decenios padeciendo fenómenos terroristas sin que por ello estén dispuestos a renunciar a sus derechos, crear limbos jurídicos o dejarse aterrorizar sicológicamente por sus propios gobiernos porque saben por experiencia que las guerra injustas en el exterior necesitan inmediatamente un recorte de libertades y derechos en el interior. Sin duda por todo ello, según las encuestas, son también los ciudadanos españoles, de entre todos los europeos, los mas adversos a la agresión que se prepara. Y por lo mismo resulta especialmente absurda la posición del gobierno español -que sigue contumaz en el vasallaje a Washington- contra el parecer de los españoles que está obligado a tener en cuenta pero desprecia. Dentro de la más noble tradición jurídica española, Francisco de Vitoria, iniciador el derecho internacional moderno, desde Salamanca y bajo el absolutismo monárquico del emperador Carlos V, exigía para que la guerra fuera justa, entre otras condiciones, y que debe hacerse «no sólo por el parecer del Rey, ni por el de unos pocos, sino por el de muchos que sean sabios y probos». Sin duda, si hubiera vivido en una democracia, Vitoria habría desautorizado una guerra injusta apoyada contra el parecer de la abrumadora mayoría de los ciudadanos. Para finalizar, no deben olvidar los espíritus más obsequiosos hacia los ímpetus imperiales que el ardor guerrero y la nueva oleada macahrtysta se pasarán en Estados Unidos, donde gran parte de la población se opone a la sangrienta aventura de una administración fanatizada y trufada por avispados negociantes; que en los propios USA volverá a sonar la vieja canción de Pete Seeger «Último tren para Nuremberg» compuesta tras la matanza de My Lay; que la Corte Penal Internacional -amparada por Naciones Unidas- acaba de constituirse en La Haya a pesar de la oposición de Bush y que, cuando se ejecute la carnicería, tendremos presentes a quienes, en nuestro país, la propugnaron, la defendieron y, en definitiva, contribuyeron a hacerla posible.