Funcionarios tránsfugas

La actual Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos debería endurecer sus condiciones y ampliar su ámbito de aplicación, ante el espectáculo de los altos funcionarios de las administraciones públicas contratándose in itinere con instituciones y empresas que horas antes estaban bajo su control. Será legal, pero es de lo menos presentable, ética y estéticamente. Pilar González de Frutos, directora general de Seguros, dejó el cargo en noviembre y ahora ha pasado a presidir Unespa, la patronal de las empresas aseguradoras. Gloria Hernández, directora general del Tesoro, factotum de las emisiones de deuda pública y consejera del Banco de España, acaba de ser fichada como directora financiera del Banco Pastor. José María Méndez, también de la Dirección General del Tesoro, se incorpora a la CECA, la patronal de las cajas de ahorros. Federico Plaza, viceconsejero de Ordenación Sanitaria en Madrid y ex director general de Farmacia, acaba de irse a la Fundación Abbot, del laboratorio farmacéutico del mismo nombre. Y para qué seguir. Todas son personas honorables y todos tenemos derecho a prosperar, pero según y cómo. Luego no nos extrañemos de los espectáculos que dan otros tránsfugas, los políticos, tengan o no tengan relaciones con promotores inmobiliarios. Esos saltos de lo público a la privado, sin solución de continuidad, crujen ante la normativa vigente que impone que, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con tema sobre los que hayan decidido en el ejercicio del cargo. Por eso, habría que clarificar más las situaciones personales y, de paso, ampliar el ámbito de aplicación de esa normativa. Ex post, debería incluirse entre los afectados a los miembros de los organismos reguladores y a otros responsables, como los subdirectores generales, que no parecen ser altos cargos. Y ex ante debería arbitrarse que ningún alto cargo pudiera decidir sobre empresas o actividades privadas a las que hubiera estado vinculado durante los dos años anteriores a su toma de posesión. Disminuiría el censo de tránsfugas.