Los jueces no frenan al Gobierno

EL GOBIERNO no hará oídos sordos a la opinión de los jueces, pero tampoco va a someterse a ella. Entre los dos poderes se mantiene un pulso de cierta resonancia política. En la Judicatura se aprecia claramente una división ideológica entre magistrados conservadores y progresistas, sin que la minoría independiente disponga de fuerza relevante. La despolitización franquista del poder judicial durante los primeros años de democracia ha producido una politización que refleja el peso entre los jueces de los dos partidos mayoritarios. Hoy vota y aprueba el Consejo General del Poder Judicial en pleno el dictamen de su comisión de estudio sobre y, en gran medida, contra el anteproyecto de Ley Integral orientada a una decidida protección de la mujer, víctima mayoritaria de la violencia de género. El dictamen preliminar del CGPJ considera anticonstitucionales varios aspectos del proyecto legal por discriminatorios para el hombre. La anticonstitucionalidad se impuso en la comisión de estudio por tres votos conservadores a dos progresistas, y ese estrecho marge n se verá seguramente aumentado en la votación del pleno. Una Ley integral contra la violencia de género, en favor de la mujer obviamente, era una de las prioridades del programa electoral socialista. Se sabía desde el primer momento que cualquier obstáculo a la inmediata tramitación parlamentaria de ese proyecto legal iba a irritar seriamente al Gobierno. De ahí que el Gobierno vaya a aprobar en el consejo de ministros de mañana el envío a Las Cortes de su anteproyecto con las mínimas rectificaciones que proponga un grupo de trabajo que se improvisará esta tarde. A López Aguilar, ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, le parecen un «garantismo hipercrítico» las opiniones del CGPJ, y el ministro Caldera, de Asuntos Sociales, anuncia que el Gobierno aceptará todas las recomendaciones y sugerencias que «no debiliten la protección a la mujer». Varias propuestas del CGPJ debilitarían esa protección, «la acción positiva» que contiene el anteproyecto, por lo que éste no sufrirá ningún retraso en su envío a Las Cortes. Indudablemente, una Ley de esta trascendencia debería apoyarse en un amplio consenso de los partidos políticos. Se espera que durante la tramitación parlamentaria se perfeccione el texto del proyecto legal, y éste se concierta en Ley Orgánica con el asentimiento generalizado de todos los grupos. El pulso entre el Gobierno y el órgano rector de la Judicatura se desvía así hacia el poder legislativo, donde se librarán fuertes batallas políticas. El PP anuncia su intención, aún no adoptada, de presentar una enmienda a la totalidad que sería debatida en un pleno parlamentario el próximo 1 de julio. Sorprende a muchos ciudadanos la influencia de las ideologías o la fidelidad de los jueces a los partidos que los promocionaron a la hora de interpretar las leyes y, en especial, la Constitución. En el caso de la Ley protectora de la mujer contra la violencia de género, la última palabra la tendría el Tribunal Constitucional. Pero sería deseable que el problema se resolviera en el ámbito del poder legislativo.