El problema de la Sanidad

EL VICEPRESIDENTE Pedro Solbes admitió el pasado martes en el Congreso de los Diputados que las comunidades autónomas tienen problemas para financiar su gasto sanitario y se mostró dispuesto a contribuir a solucionarlos. Descartó medidas inmediatas como subir impuestos -se había hablado de un alza finalista de los impuestos especiales- o transferir a las autonomías un porcentaje mayor de los tributos cedidos del Estado y anunció la apertura de un debate sobre el particular que deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, y que podría dar lugar a un gran Pacto de Estado, como ha solicitado recientemente Andalucía. Tal como está planteado el problema de la Sanidad, que se manifiesta en forma de algunas reivindicaciones aisladas de algunas comunidades autónomas que han acumulado importantes déficit, parecería que puede resolverse con facilidad, bien otorgando a las comunidades más instrumentos para recaudar más -hoy, esta posibilidad está muy limitada-, bien reordenando las cuentas públicas. Y, sin embargo, un análisis más profundo de la cuestión revela que estamos ante un asunto de gran calado y de importante significación financiera, que desembocará antes o después en controversias ideológicas. Vicenç Navarro, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y propenso en sus escritos a reclamar una mayor presencia del Estado en la sociedad, ha publicado recientemente un trabajo en el que aporta algunos datos relevantes que, con independencia de las tesis que obtiene de ellos, es necesario conocer: el gasto sanitario español es actualmente el 5,8% del Producto Interior Bruto (en 1996 era del 6,2%, y el porcentaje ha ido descendiendo desde entonces), en tanto el gasto medio en la antigua UE de 15 países era del 7,2%, de forma que detrás de nuestro país sólo se sitúan Portugal y Grecia. Mientras el nivel de riqueza de España, medido en PIB per capita, es ya el 84% de la UE, el gasto sanitario per capita es sólo el 65%. Además, el déficit sanitario per capita entre la España y la UE aumentó significativamente entre 1996 y 2001 (no se dispone de datos posteriores), a causa del ajuste presupuestario que derivó en el déficit cero. Puede, pues, afirmarse que, al margen de los reequilibrios entre comunidades, relacionados con la negociación de la transferencia de la Sanidad en cada caso, existe un déficit estructural importante: nuestra Sanidad, en conjunto, no dispone de recursos suficientes para alcanzar unos niveles de calidad asistencial equiparables a los europeos. Al margen de ello, existen disfunciones en los sistemas de financiación de la sanidad en diversas autonomías. Navarro, tras afirmar que no sólo Cataluña tiene problemas, aporta diversos ejemplos: en dicha región viven 299.614 personas extranjeras registradas en el Servicio Catalán de Salud que no son computadas por los Presupuestos del Estado, y que generan por sí solas un déficit de 271 millones de euros anuales. Es obvio que una revisión del sistema global de financiación deberá corregir ésta y otras muchas desviaciones de la realidad en prácticamente todas las comunidades autónomas. Así las cosas, surgen serias dudas sobre la posibilidad de remediar los citados déficit mediante simples ajustes de pequeña cuantía, ya que la normalización de la Sanidad y su adecuación a los estándares europeos requeriría un gasto adicional de al menos el 1,5% del PIB, unos 9.000 millones de euros anuales. Si se piensa que los impuestos españoles representan en conjunto el 36,2% del PIB (la media de la UE de 15 países es el 40,5%), se entenderá la magnitud exorbitante de la carencia que padecemos. El PSOE incluyó en sus compromisos electorales la congelación de la presión fiscal y la estabilidad presupuestaria, unos criterios sin duda plausibles y saludables que con seguridad contribuirán a mantener ritmos de crecimiento superiores a los de nuestro entorno, lo que a su vez permitirá combatir con eficacia un desempleo todavía superior a los promedios europeos. Pero, aun manteniendo esta concepción liberal y no intervencionista del Estado, es claro que habrá que hacer en el futuro bastante más que promover simplemente un gran debate sobre la calidad y la financiación de los servicios públicos fundamentales porque es incompatible una sanidad cualitativamente suficiente con su actual dotación presupuestaria. Si se opta por no subir los impuestos, se pueden ensayar ciertas recetas imaginativas, como el copago u otras fórmulas de financiación mixta, que buena parte de la ciudadanía aceptaría de buen grado si lograra liberarse de intoxicaciones demagógicas. De un modo u otro, es preciso conseguir más recursos. Porque hay que decir con toda claridad que la Sanidad de este país se aboca hacia un irremediable deterioro si se la condena indefinidamente a su actual insuficiencia financiera.