Un juez valiente

ANTES DE TIRAR la toalla, antes de que maten a una de las miles de mujeres que han denunciado malos tratos y cuyo expediente aparece en una de las montañas de carpetas que se acumulan en su juzgado, el juez Eduardo López-Palop ha decido contar lo que ocurre. Que él solo y una secretaria tienen que tramitar siete mil expedientes de maltratadores, que ha reclamado, por tres veces, al Consejo General del Poder Judicial, que refuerce el único juzgado que existe en Madrid contra la violencia machista, simplemente con dos secretarias más y no le han atendido. El caso es tan escandaloso que explica, por si solo, el fracaso de la rimbombante Ley Integral contra la Violencia de Genero. Sólo en Madrid hay siete mil sentencias pendientes de ejecutar. ¿Es así como se protege a las maltratadas? Frente a este dato escalofriante, ¿va a ser eficaz el nuevo Ministerio de Igualdad? ¿No habría resultado mas eficiente dedicar la partida presupuestara de su puesta en funcionamiento a las carencias evidentes de los juzgados específicos? ¿Para qué sirve una ministra de Igualdad, si el juez encargado de la ejecución de las penas a los presuntos asesinos de mujeres, reconoce que cuando oye una noticia de un hombre que ha asesinado a una mujer no puede dormir pensando si será uno sus penados con orden de alejamiento que ha incumplido la condena? ¿Quién protege a las maltratadas?. Cada vez que se hacían públicas las cifras de las setenta mujeres asesinadas por sus parejas el año pasado ni el Ministerio de Justicia, ni el Consejo General del Poder Judicial, abrieron una investigación para averiguar si ambos organismos tenían alguna responsabilidad en el dato relevante de que muchos de los asesinos habían incumplido una orden de alejamiento para cometer su crimen.