Patata caliente

Al día | José Luis Gómez

El informe de la policía sobre las relaciones entre el PP de la Comunidad Valenciana y los implicados en el caso Gürtel devuelve al primer plano de la política española otro supuesto caso de financiación irregular de los partidos. No sería el primero -recordemmos Filesa (PSOE) y Naseiro (PP)- y, por desgracia, puede no ser el último. El PP también deberá buscar nuevos y mejores argumentos de defensa, más allá de presentarse como víctima de una conspiración, que esta vez atribuye nada menos que al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Re capitulemos. María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, ya había culpado al Gobierno de Rodríguez Zapatero de montar nada menos que un Estado policial en el que políticos de la oposición sufren escuchas telefónicas, realizadas por una supuesta alianza de fiscales, policías y altos cargos del PSOE. Posteriormente, Rajoy avaló las hipótesis de su secretaria general e incluso fue más lejos en una andanada que desacreditaba las instituciones del Estado.

En realidad, ahora no tenemos sólo al PP en posible fuera de juego. El informe policial también coloca en una delicada situación al propio TSJ valenciano que preside Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente Francisco Camps, a su vez líder del PP valenciano. Cuando menos, estaríamos ante un limbo judicial que elude el informe de la policía con el pretexto de dar por cerrado el caso de los trajes de Camps, ya archivado en medio de una auténtica filigrana. Mariano Rajoy, a quien la crisis financiera y el desempleo pueden alfombrarle el camino hacia la Moncloa, está, a su vez, ante una decisión trascendental para su vida política: puede afrontar el caso y tomar medidas o seguir erre que erre, amparado en la teoría de la conspiración.