Grietas constitucionales
Panorama | antonio papell
El fragor de la recesión económica, que como es lógico ha sembrado una generalizada inquietud bajo la que se han diluido todos los demás aspectos de la cotidianidad, y el ruido permanente en que se ha convertido el debate poder-oposición a causa sobre todo del estallido de la epidemia de corrupción que nos invade, están impidiendo la observación cabal y pausada de unos preocupantes síntomas de deterioro del sistema político que sería conveniente abordar antes de que se hunda el edificio constitucional, cuarteado por las evidentes grietas del engrudo democrático. Por una parte, el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, impulsado por el PSC-PSOE de Maragall tras las elecciones autonómicas de 2003 y la alternancia política catalana de aquel año, ha representado el cuestionamiento de los fundamentos de la primera versión del Estado de las Autonomías, elaborada inmediatamente después de la entrada en vigor de la Carta Magna mediante el desarrollo de su Título VIII. La iniciativa reformista catalana, emulada por las demás comunidades autónomas -”han iniciado el proceso Valencia, Cataluña, Baleares, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha pero es previsible que la reforma alcance a todas las comunidades de régimen común-” está a expensas de la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, que debería consolidar la estructura del nuevo y definitivo Estado de las Autonomías, versión depurada y avanzada del anterior.
Sin embargo, y con independencia de cuál sea esa sentencia del TC (que ya llegará inevitablemente desacreditada por la inaceptable demora), es claro que, como explicaba ayer Ramoneda en un penetrante análisis, se impone la necesidad, puramente política y al margen por tanto de los aspectos técnico-jurídicos de la cuestión, de reconstituir un cierto consenso a partir de las nuevas sensibilidades en liza. En Cataluña, tras lo ocurrido en el último lustro, coexisten con naturalidad el independentismo, el soberanismo, el catalanismo autonomista y el integrismo constitucional. De momento, los independentistas representan una sensibilidad minoritaria; el potente soberanismo (CiU) no oculta que bajo el eufemismo está germinando la pretensión de acentuar los caracteres confederales de su pertenencia española, con vistas a reemplazar a medio plazo este vínculo bilateral por el multilateral en el seno de la UE; el autonomismo catalanista (PSC) constituye hoy el principal anclaje de Cataluña al edificio constitucional, y el integrismo (PP) representa una opción real y respetable aunque claramente minoritaria, y con escasa influencia en los equilibrios globales. Así las cosas, parecería muy saludable regenerar un nuevo consenso fundacional del régimen político, que valdría tanto para materializar una reforma constitucional necesaria -”el Título VIII describe cómo construir el Estado autonómico y ha de ser sustituido por la consolidación de la estructura resultante, incluido un nuevo Senado-” cuanto para alumbrar un nuevo modelo de convivencia, menos crispado y más funcional. Por otra parte, las disfunciones estructurales del Estado constitucional coinciden con el desgaste insoportable del modelo de representación.
La proporcionalidad corregida ha dado lugar a un bipartidismo imperfecto en el que gran parte de la ciudadanía no se siente representada. Algo habrá, en fin, que hacer si no se quiere que el Estado democrático envejezca prematuramente en nuestras manos.