Lo peor de la Ley Sinde
Enlazar es libre
■ Los enlaces no son el contenido ni la copia, son información, protegida por la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Doctrina asumida y repetida por los jueces.
Compartir es legal
■ Los enlaces no son ilegales y los usuarios pagan el canon digital para compensar la copia privada. Nada impide disfrutar en compañía de los contenidos si no hay lucro ni comunicación pública.
Sin garantías
■ El Consejo de Estado dudade la legalidad de una Comisión de Propiedad Intelectual dentro de Cultura con poder para cerrar webs con un proceso ultrarrápido de cuatro días y autorizado por lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Perseguir sin causa
■ El proyecto permite sancionar por «lucro indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial». El Consejo de Estado y el del Poder Judicial han señalado que no se pueden perseguir intenciones, sólo hechos.
Sin más dominio público
■ Cultura tampoco se preocupa de aumentar el dominio público y el acceso de los ciudadanos a los contenidos.
Dominan los demandantes
■ El anteproyecto no aclara quiénes formarán la comisión ni garantiza su independencia.
Propiedad intelectual
■ La ley no impulsa los nuevos modelos de propiedad intelectual y licencias necesarios para el mercado de contenidos digitales.
Comisión Europea
■ La UE promueve un mercado único de contenidos y la recuperación para el dominio público de las obras huérfanas, de las que no se conoce a los dueños. Pero también, una reforma de las sociedades de gestión colectiva de derechos para evitar que el 75% de los derechos de la música de la Sgae queden en manos del 1,7% de sus socios.
Otros ejemplos
■ Países como Gran Bretaña, Holanda, Alemania o Noruega estudian eliminar las barreras a los nuevos negocios creadas por la industria y las sociedades de gestión de los derechos de autor. Se analizan tasas sobre los proveedores de internet, tarifas planas para los contenidos o nuevos sistemas de licencias más flexibles y abiertas.
