Haití sigue al borde del abismo
Tres años después del terremoto que asoló el país, 350.000 haitianos continúan en frágiles refugios y las oenegés alertan de que la reconstrucción es muy difícil.
Imagen de una de las barriadas de chabolas que surgieron en Puerto Príncipe después del terrmoto.
La realidad no ha cambiado en Haití para más de 350.000 damnificados del devastador seísmo del 12 de enero de 2010, quienes este sábado cumplirán tres años viviendo bajo carpas, en condiciones muy difíciles, en numerosos lugares de la capital, Puerto Príncipe. La Fuerza de Reflexión y Acción para el Alojamiento (FRAKKA, en créole, idioma oficial) elevó a 400.000 el número de personas actualmente en frágiles refugios, y coincidió con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), que considera que «no hay verdaderamente cambios en la situación de vida de la gente en los campamentos».
Ghislaine, que vive en un campamento de la costa oeste de la capital con sus cuatro niños, tuvo que enfrentarse recientemente a una operación policial para desalojar a los ocupantes del terreno, que pertenece a la compañía nacional de electricidad. «Pedimos una única cosa a la administración política de Michel Martelly: ¡que nos saque de debajo de las carpas!», exclamó en declaraciones a la prensa local, al tiempo que pidió al jefe de Estado que mantenga sus promesas de campaña electoral, cuando dijo que había tierras y recursos, así como la voluntad de alojar de nuevo a los damnificados.
Precisamente el gobernante, aunque cifró en 357.000 el número de personas en campamentos, dijo ayer que el número de campos se ha reducido de 1.001 a 496, y destacó el programa «16/6», que su administración lanzó en 2011 para facilitar a gente de 16 campos reingresar a sus viviendas en 6 barrios, lo que permitió liberar parques como el emblemático «Champ de Mars» y otros.
«Expulsión forzada»
Pero, para el secretario ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos (POHDH), Antonal Mortimé, estas gestiones de realojamiento del Gobierno no son mas que una «expulsión forzada sin brutalidad». Estimó que la administración pública no está en condiciones de decir dónde están las familias damnificadas que pudieron dejar los parques públicos gracias a este programa con una ayuda de 470 dólares (353 euros) ofrecida por el Gobierno.
Tres años después de la catástrofe, el problema del alojamiento de los damnificados es uno de los grandes asuntos pendientes, como también ponen de manifiesto organizaciones internacionales. Amnistía Internacional denunció en un comunicado una «catastrófica» situación para los desplazados, al destacar que las condiciones de vida en esos lugares «están empeorando».
También Cruz Roja alertó sobre las «inmensas dificultades», y mencionó la inseguridad y la vulnerabilidad ante desastres naturales como problemas asociados. Además, «cuestiones básicas como saber quién posee los terrenos donde podemos construir o cómo los desempleados podrán pagar el alquiler continúan complicando seriamente el proceso de reconstrucción», explicó el responsable de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) Alexandre Claudon. En el terreno de la ayuda económica, la Comisión Europea anunció ayer que aportará 30,5 millones de euros para apoyar a las personas que siguen sin hogar, a las víctimas de la epidemia de cólera y a los más afectados por el paso del huracán Sandy en octubre. La víspera del aniversario del terremoto, los cascos azules de la ONU estudian retomar su misión.