La nueva educación adaptada a los ritmos

El catedrático de Educación Julio Ferreras, ya jubilado, dará testimonio de una nueva dimensión de la actividad educativa lejos de la presión y de las prisas diarias. Ferreras apuesta porque la educación se adpate los ritmos individuales, sin la presión de las prisas del día a día, una nueva perspectiva alejada de las políticas actuales.
efe | madrid
La creación del teléfono de ayuda a las víctimas del acoso escolar, el 900-018-018, ha desatado una auténtica avalancha. Los primeros datos aportados por el servicio, que el Ministerio de Educación puso en marcha el pasado 1 de noviembre, tras meses de retraso y con el curso ya comenzado, confirman que era una actuación indispensable y urgente ante un drama de dimensiones aún desconocidas, pero sobre el que hay seguridad de que, en diferentes grados, condiciona la vida de centenares de miles de alumnos españoles. Se trata de estudiantes que, al menos en una tercera parte, sufren las humillaciones, hostigamientos o agresiones en soledad y en silencio durante meses o años y que, hasta ahora, no tenían claro dónde ni cómo pedir auxilio.
El servicio, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y que es atendido por 13 psicólogos, asistidos por juristas, pedagogos y trabajadores sociales, recibió en sus primeras jornadas de funcionamiento una media diaria de 46 denuncias de posibles víctimas, según los datos que hoy facilitó el propio ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo. La cifra, como ocurrió hace nueve años con la creación del 016, el dispositivo donde las víctimas de la violencia de género pueden dar la primera voz de alarma y buscar la ayuda de las instituciones públicas con total confidencialidad, demuestra la amplitud del fenómeno del acoso escolar, una lacra aún oculta.
Sólo en los primeros 20 días de existencia del teléfono, cuyas comunicaciones son gratuitas y anónimas, porque no dejan rastro alguno en la factura telefónica, se han registrado 3.206 llamadas, siendo 933 de ellas denuncias de afectados, que, según aseguró el ministro, se han puesto ya en conocimiento de las autoridades competentes. Los dos tercios restantes buscaban, principalmente, asesoramiento sobre cómo actuar ante estas graves alteraciones de la convivencia escolar o información sobre el funcionamiento y los servicios del propio teléfono oficial. Las protagonizaron en su mayoría padres o miembros de la comunidad educativa.