El reto global de la migración

Mil quinientas personas llegaron a León el año pasado procedentes del extranjero y de otras provincias. Cada una lleva en su mochila una historia y una peripecia vital que puede variar desde un viaje a vida o muerte en patera desde África a un vuelo en clase ‘bussines’ desde algún país europeo.

La población extranjera apenas supone el 1,9% de las personas que residen en la provincia, pero el fenómeno migratorio tiene una gran repercusión en la sociedad. Entre las personas extranjeras que llegaron en el último año destaca que son más mujeres que hombres las personas que constituyen los últimos flujos migratorios.

Las cifras de León son una infinitésima parte de las mil millones de personas que se encuentran en situación de migración en el mundo. Pero también es un ejemplo de que la diversidad es una realidad irrefutable, con más de 40 nacionalidades conviviendo en una misma ciudad y en la provincia. Se calcula que más de 740 millones son migrantes internos y más de 240 son migrantes internacionales.

Estas cifras se pusieron de relieve en Marrakech en la reunión de la que surgió el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular al que se han sumado 164 países, entre ellos España. Aunque no goza de la aprobación de Estados Unidos, que ni siquiera participó en la conferencia parlamentaria internacional preparatoria de Rabat, el pacto «constituye el primer acuerdo global de la ONU sobre un enfoque común de la migración internacional en todas sus dimensiones», afirma Alberto Ares Mateos.

El jesuita leonés, que es doctor en migraciones internacionales y cooperación al desarrollo y director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (Iuem) de la Universidad Pontificia Comillas, así como adjunto a la coordinación del Servicio Jesuita a Migrantes España, participó como panelista en la antesala del pacto.

El pacto recoge 23 objetivos fundamentales que van desde recopilar y utilizar datos exactos a minimizar los factores adversos y estructurales que empujan a la emigración, dar información a las personas migrantes en todas las etapas o velar para que tengan pruebas de su identidad.

También recoge el compromiso de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías legales de inmigración, así como garantizar la protección consultar a lo largo de todo el ciclo migratorio se unen a otras medidas como fomentar la contratación ética y equitativa para salvaguardar las condiciones del trabajo decente.

Luchar contra la trata de personas, gestionar las fronteras de manera integrada y segura, aumentar la previsibilidad de los fenómenos migratorios y utilizar la detención de migrantes sólo como último recurso buscando otras alternativas son otros de los objetivos planteados.

El pacto admite proporcionar a las personas migrantes el acceso a servicios básicos, empoderarlas para que logren la plena inclusión en la sociedad de acogida y promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas para fomentar su inclusión financiera.

Criticado como un acuerdo de mínimos por unos países o como un atentado contra la soberanía nacional por otros, «el pacto global no es legalmente vinculante», subraya Alberto Ares. Se basa en los valores de soberanía nacional, responsabilidad compartida y derechos humanos y ha recogido gran parte de los veinte puntos aportados por el Vaticano con la consigna de «acoger, promover, proteger e integrar» lanzada en los mensajes del papa Francisco.

UNA MIRADA INGEGRAL

El mérito principal es haber abierto un camino de consenso en la encrucijada de la inmigración, que ofrece oportunidades y beneficios por un lado, pero también retos y dificultades por la otra cara, como reflexiona este experto. «Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Creo que necesitamos apostar por avanzar en una respuesta común ante un reto que necesita de una mirada integral y transformadora», añade.

En su opinión, una de las grandes oportunidades del acuerdo es «es que puede sentar las bases a una acción coordinada y global de la comunidad internacional, y que posibilitará marcos de diálogo y de implementación en el ámbito regional y local».

Frente a las «respuestas parciales e insuficientes» de los últimos años, la política de control de flujos centrada en las fronteras con una actitud defensiva y la falta de corresponsabilidad, «junto a la delegación española, recordábamos con satisfacción las políticas de integración y cohesión social desarrolladas por España durante años» hasta que la crisis económica las fue desdibujando y las hizo casi desaparecer, añade este jesuita natural de Veguellina de Órbigo.

Alberto Ares reflexionó también sobre «las cifras del envejecimiento de la población en España, y la necesidad de personas que puedan aportar en el sistema productivo, para contribuir a un desarrollo sostenible en nuestro país, que equilibre nuestra pirámide poblacional».

Recordó que somos una sociedad diversa en la que conviven 6.5 millones de personas que no han nacido en España. «La crisis económica y la no implementación de políticas de gestión de la diversidad «ha precarizado la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, en los cuales la población de origen inmigrante ocupa un espacio considerable», apostilló.

No invertir en integración, advierte, supone que «dejamos a muchas personas insatisfechas fuera de la «jugada», con posibilidad de que algunas posturas populistas en el ámbito político aprovechen este vacío, enarbolando la bandera de la migración como uno de los chivos expiatorios del malestar social».

Con las peculiaridades de cada país, este es un elemento común que ve en el Brexit de Reino Unido, el resultado de las elecciones estadounidenses, las actitudes de países cercanos como Italia o incluso las elecciones de Andalucía.

Alberto Ares valora el compromiso del Gobierno de Sánchez con el pacto y el anuncio de hacer un fondo de integración y un plan de ciudadanía e que, recuerda, las organizaciones comprometidas vienen reclamando al Gobierno español desde el 2014. Entusiasmo y esperanza, pero también cautela y expectación.