Multar a los puteros en León: de la unanimidad a mayoría ajustada

La ordenanza municipal de León para la prevención y erradicación   La ordenanza municipal que prevé multas para los puteros en León salió adelante en el pleno municipal por 14 votos a favor y 13 abstenciones. PP y Ciudadanos, que habían votado a favor en la comisión informativa del 17 de marzo, rompieron la unanimidad al abstenerse.

La normativa fue aprobada por mayoría absoluta pero ajustada al bloque de PSOE, UPL y concejal no adscrito. Ahora queda un mes por delante para el período de exposición pública. La espita abierta por PP y Ciudadanos amenaza con encallar esta ordenanza —un compromiso del alcalde, José Antonio Diez, con las organizaciones feministas— al filo del fin del mandato.

La ordenanza prevé sanciones de 100 a 3.000 euros, según la gravedad de las faltas, con una rebaja para las mínimas ya que en el primer borrador la cuantía de partida de las multas era de 500 euros. El PP, que había conseguido introducir modificaciones en la ordenanza con el apoyo unánime del resto de los grupos, se abstuvo de forma sorpresiva.

La concejala Marta Mejías intervino en el pleno para agradecer a todos los grupos políticos que asumieran incluir a menores y hombres como parte de las personas que sufren la prostitución, aunque «sean las mujeres las que mayoritariamente la padecen», en aras de conseguir una normativa «más ambiciosa». «Proteger a la totalidad no limita proteger a una parte», concluyó.

A la hora de votar, y a pesar de que aparentemente tres concejalas se confundieron y levantaron la mano a favor (Marta Mejías, Aurora Baza y Ana Franco), la portavoz les advertía del error con una señal, y el grupo municipal popular se abstuvo. 

Margarita Torres, portavoz municipal del PP, ha explicado a Diario de León que «nuestro apoyo a la ordenanza es total y absoluto», pero que quieren incluir un punto en el artículo 14.d de la misma para que se califique como infracción muy grave si la persona en situación de prostitución es menor de edad.

En el caso de Ciudadanos, la concejala Elena Lafuente dijo que «apoyamos cualquier actuación contra la trata y la explotación sexual», pero como «liberales hemos de velar por proteger la libertad y el libre albedrío, entendido como la capacidad de elegir libremente en actuar y en juzgar de nuestros ciudadanos».

Lafuente sacó a relucir una carta que «hemos recibido de Amnistía Internacional» y argumentó que en la ordenanza de León no se ha tenido en cuenta que «hay personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria» ni se ha escuchado a «los trabajadores del sexo», por lo que solicitó que el asunto quedara sobre la mesa para corregir estas lagunas. No prosperó.

La ordenanza salió adelante. Los votos de la UPL y Nicanor Pastrana fueron decisivos. No se esperaba otra cosa de los leonesistas después del encendido dicurso de la concejala María Teresa Fernández, quien expresó su «satisfacción por la aprobación de esta ordenanza que pone las primeras bases de la lucha contra la prostitución, la trata de personas en el municipio de León».

«La prostitución es una forma de violencia generalmente ejercida contra la mujer, aunque no sólo, que nos convierte en una mera mercancía que se puede comprar para ejercer el poder sobre nuestros cuerpos favoreciendo de estas formas las mafias contra los seres humanos», añadió.

Para Fernández, la norma «viene a dar un paso más en la recuperación de la dignidad de las mujeres» porque «no podemos seguir dejando que se nos trate como meros objetos de usar y tirar. Ningún ser humano debe ser tratado como una simple mercancía».

Más dudas suscitó el discurso de Nicanor Pastrana que felicitó al principio a las asociaciones feministas promotoras y a la concejala Argelia Cabado «por su valentía política» y luego criticó que la ordenanza viene «a cambiar de sitio el problema: de los espacios públicos a los ámbitos privados. Es decir, invisibilizarlo más que solucionarlo. Que se ejerza a telón bajado, detrás del telón».

Pastrana señaló que el «posible» Plan Integral de Atención a las Personas Víctimas de Prostitución y Trata está condicionado por «las limitaciones competenciales del Ayuntamiento de León». Pastrana instó al Gobierno de España a que «aborde de manera decidida la problemática de la prostitución y la trata de personas en nuestro país y se ponga manos a la obra para regular su abolición».

La concejala Argelia Cabado dio las gracias a las asociaciones de mujeres de León por las aportaciones realizadas. El mes de abril será el que se habilite para hacer las alegaciones. Esta ordenanza se empezó a redactar hace un año y ha sufrido diferentes avatares. 

El borrador inicial fue retirado y en diciembre de 2022 se trató de incorporar las multas a los puteros a la ordenanza de convivencia, lo que supuso el rechazo de las asociaciones feministas promotoras. 

Flora Tristán, Adavas, Simone de Beauvoir, Hombres por la Igualdad Prometeo y la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León presentaron alegaciones para solicitar que se realizara una ordenanza específca, que se creara un plan integral de atención a las personas en situación de prostitución y la retirada de aspectos tales como que la práctica de la prostitución supusiera una alteración de la convivencia. Como alternativa, presentaron la ordenanza de la Comunidad Valenciana.

El resultado final ha sido una mezcla de las alegaciones con la ordenanza tipo, de modo que en algunos artículos se habla de clientes, término que rechazan los colectivos abolicionistas.

En el texto definitivo se ha incorporado una excepción a no multar bajo ningún concepto a las personas en situación de prostitución, en el caso de que estas mostraran conductas de desobediencia o desacato a la autoridad. La ordenanza se ha acelerado en vísperas de las elecciones municipales tras un año de tira y afloja en cómo sustanciarla. 

La norma que regula multas de 100 a 3.000 euros a los puteros, incluidos los menores que sean sorprendidos en estas prácticas, pasó de la unanimidad en la comisión informativa del 17 de marzo a una mayoría ajustada sustentada en los votos de PSOE, UPL y el concejal no adscrito Nicanor Pastrana (14 votos)

El borrador inicial fue retirado y en diciembre de 2022 se trató de incorporar las multas a los puteros a la ordenanza de convivencia, lo que supuso el rechazo de las asociaciones feministas promotoras.

Afean la abstención de PP y Cs

Las asociaciones que han promovido la ordenanza expresaron su satisfacción por la aprobación de la ordenanza. «En general se han ajustado a lo que solicitamos, aunque hay algunos términos confusos». El PP y Ciudadanos, tras anunciar su voto a favor en la Junta de Portavoces, se abstuvieran.

«Es indignante», aseguró Herminia Suárez. «Han tenido tiempo de presentar alegaciones, lo han hecho y ahora se abstienen», subrayó. La portavoz feminista señaló que «en el caso de Ciudadanos es claramente una desautorización porque sabemos que la línea a nivel nacional es regular la prositución y los vientres de alquiler».

En el caso del PP, consideran que «es una falta de respeto al trabajo realizado, después de que presentaran alegaciones y se las admitieran». Los colectivos promotores presentarán sus propias alegaciones.

Amnistía Internacional escribió a todos los ediles A

Amnistía Internacional envió una carta a la totalidad de concejales y concejalas la Corporación municipal con fecha 28 de marzo. Sin mostrarse en contra de esta normativa, la organización expresa «su preocupación por el hecho de que la trata con fines de explotación sexual y el trabajo sexual (la prostitución ejercida de forma voluntaria) se abordan de forma indistinta sin hacer diferenciación alguna».

La organización solicita que la ordenanza sea revisada de forma integral «para asegurar que respeta los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales eliminando del mismo cualquier disposición restrictiva y/o punitiva (tanto para las propias trabajadoras como para quienes compran sus servicios sexuales) que pudiera contener». La carta está firmada por Isaías Calles, coordinador de AI en León.