Sólo 9.000 de las 50.000 viviendas comprometidas pueden ocuparse ya
El plan para impulsar el alquiler social —anunciado por Pedro Sánchez a bombo y platillo en la conferencia municipal del PSOE como una solución para atajar el «problemón» del acceso de jóvenes y familias a la vivienda— se estrena con serias dudas sobre si el estado y la ubicación de la oferta lograrán finalmente adecuarse a la acuciante demanda. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto por el que el Ejecutivo se compromete a movilizar 50.000 viviendas de la Sareb en alquiler asequible. Pero, hoy por hoy, solo 9.000 inmuebles estarían disponibles ya para que un inquilino entre a vivir. Del resto, muchos necesitan rehabilitación. Y unos 15.000 estarían aún por construir, un proceso que puede tardar entre dos y tres años, según estiman en el Ministerio de Economía. Desde el sector bancario, buenos conocedores de este parque de vivienda, recuerdan que muchas de ellas están ubicadas fuera de los centros urbanos de las grandes capitales, donde más se ha notado la presión de precios. Es decir, las zonas más tensionadas.
Fuentes de la vicepresidencia primera replicaron el martes que, frente a esa tensión, ya se han tomado medidas en la ley de vivienda, como el tope del 3% el próximo año en la actualización de los alquileres y que este programa puede aportar otras cosas. «Las viviendas de la Sareb están donde las compró el Gobierno del PP en 2012», esgrimen frente a las críticas del primer partido de la oposición para, a continuación, poner en valor lo que el programa puede aportar en términos de «vertebración territorial y desarrollo rural». Matizan, además, que también se ofrecerá a las administraciones la venta de suelo para otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos.
No es ese beneficio, en todo caso, el que dijo perseguir el presidente del Gobierno el pasado domingo cuando adelantó la medida de espaldas a sus socios de coalición, que, como EH Bildu y ERC, le acusaron ayer de «electoralismo». El malestar de estos partidos tenía un fundamento claro porque no hace ni seis meses que lo socialistas votaron en el Congreso contra de una proposición no de ley de los morados para poner a disposición del parque público los inmuebles del banco malo.