«La España autonómica, según el PSOE»

EL COMITÉ federal socialista del día 5 de septiembre conocerá, depurará y aprobará un documento impulsado por Zapatero que describe el modelo autonómico del PSOE, un asunto que será tema de debate en las elecciones catalanas de octubre y que está presente en la confrontación dialéctica entre los dos principales partidos. El texto, cuyo borrador ha sido publicado en la prensa, fue acordado por el secretario general socialista con el candidato del PSC-PSOE a las mencionadas elecciones, Maragall, y con los tres principales 'barones' del partido con gran experiencia en gobiernos autonómicos: Chaves, Bono y Rodríguez Ibarra. Hace unos días, Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional y experto en la cuestión autonómica -autor de un libro clásico sobre la materia, «El Estado autonómico, federalismo y hechos diferenciales»-, publicaba en la prensa de Madrid un articulo titulado «La autonomía después de Aznar», y en él reseñaba «las tres grandes reformas cualitativas surgidas en la última década como resultado del propio sistema»: «la participación de las comunidades autónomas en las decisiones de España como miembro de la Unión Europea, la institucionalización de las relación autonómicas de colaboración y la reforma del Senado para permitir a las comunidades la participación en la legislación y en las grandes decisiones del Estado que les afecten». El documento de Zapatero titulado «La visión de la España de las autonomías ante las elecciones catalanas del 2003» aborda estos tres extremos enunciados por Aja. Tras asegurar que la visión socialista de España «es la misma que en su día, hace ya veinticinco años, contribuimos a incorporar a la Constitución», afirma que el PSOE realiza «una propuesta para liderar el Estado de las Autonomías profundizando en el autogobierno y garantizando la cohesión, acometiendo algunos desafíos en relación con problemas de funcionamiento que están identificados desde hace tiempo». Los elementos de la propuesta son: en primer lugar, la reforma del Senado para convertirlo en «auténtica Cámara de representación, participación e integración de las comunidades en el Estado autonómico». En segundo lugar, la creación de «nuevos mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en la construcción europea». Finalmente, la activación de «mecanismos de cooperación entre Comunidades Autónomas y Estado, y la creación de nuevos instrumentos de participación en las decisiones, como la Conferencia de Presidentes». Por todo ello, el Partido Socialista manifiesta su intención de apoyar «aquellas reformas de los Estatutos que permitan un mejor desarrollo de la autonomía en el marco constitucional». Nada hay de revolucionario en la propuesta de la dirección socialista. La reforma del Senado, coherente con el espíritu constitucional, fue defendida por el PP al menos hasta su llegada al poder en 1996. La participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea es un viejo desiderátum que anhela la gran mayoría de los gobiernos autonómicos. Manuel Fraga ha sido uno de los abanderados de esta causa, y lo ha manifestado cada vez que se le ha presentado la ocasión. Finalmente, la necesidad de nuevos instrumentos de cooperación y colaboración vertical y horizontal entre los dos niveles superiores de la organización territorial española no ofrece demasiadas dudas. El PP, guiado por Aznar, ha desistido de cualquier cambio de la estructura del Estado, comporte o no reforma constitucional , para primar el concepto de «estabilidad» sobre cualquier otro valor; se argumenta que la respuesta que el Estado ha de dar al Plan Ibarretxe es la invariabilidad del marco institucional. Esta negativa frontal ha tenido un efecto desconcertante y ha llevado a la mayoría a cometer simplificaciones imperdonables que tienden a equiparar el proyecto del PNV con cualquier otra propuesta de reforma estatutaria. Es claro que estas reformas que sugiere el PSOE han de disfrutar de un gran consenso, que debería alcanzar a las dos grandes fuerzas políticas del Estado.