Elecciones anticipadas

LA PROVOCADORA DECISIÓN de Esquerra Republicana de Cataluña de aliarse con CiU en la cerrada defensa del argumento de los «derechos históricos» en la reforma del estatuto catalán, algo del todo inaceptable para los dos grandes partidos estatales, constituye evidentemente una amenaza para la estabilidad de los dos gobiernos concernidos, el español y el de la Generalitat. Antes de proseguir con el análisis de esta delicada coyuntura, conviene manifestar la sospecha de que dicha amenaza es más teórica que real. El ditirámbico desmarque de ERC en el tramo final del trámite del estatuto sería una maniobra estratégica dirigida a evitar que CiU capitalice durante estos páramos informativos estivales el descontento por la escasa ambición centrífuga del proyecto estatutario. E incluso la cerrada defensa de la necesidad de que el proyecto sea plenamente constitucional que realiza el PSC-PSOE tendría por objeto impedir que los 'barones' socialistas consuman sus ocios agosteños en la crítica a las veleidades nacionalistas de la reforma catalana. Pero, obviamente, éste no es más que un juicio de intenciones, que sólo los hechos podrán o no confirmar. Con los datos que actualmente están sobre la mesa, resulta, pues, temible hasta cierto punto que se consume la «deslealtad» de ERC con sus eventuales socios socialistas. En Barcelona, y, consiguientemente, en Madrid. Por lo tanto, no está de más examinar qué ocurriría en los dos escenarios, el catalán y el estatal, si la ruptura se produjese. En Cataluña, el divorcio entre los dos principales partidos del tripartito conduciría inexorablemente a la disolución inmediata del Parlamento por Maragall y, por tanto, a unas elecciones anticipadas, y, si se mantuviese la lógica de la ruptura, a un gobierno nacionalista CiU-ERC siempre que la matemática electoral lo permitiera. Con los resultados de las elecciones autonómicas del 2003, tal gobierno sería perfectamente posible ya que la suma de las representaciones respectivas alcanza un escaño más de la mayoría absoluta. Pero las encuestas sugieren un cierto declive de ERC, así como el mantenimiento estabilizado de la potencia electoral de CiU, de modo que la posibilidad de una alianza poselectoral entre ambas fuerzas para conquistar la Generalitat es cuando menos incierta. Y tales sondeos ya publicados no han tomado en consideración, como es lógico, el probable castigo que recibirían unas formaciones que, por un ideal extravagante, habrían llevado a Cataluña a una situación límite. En el Estado español, la ruptura tendría efectos menos desestabilizadores. El PSOE tiene 164 escaños en el Congreso de los Diputados, suficientes, dada la heterogeneidad de la oposición, para gobernar con relativa comodidad en minoría. El voluntario confinamiento del PP (148 escaños) en su posición de aislamiento hace impensable una moción de censura constructiva, e incluso la hostilidad que se profesan el primer partido de la oposición y las minorías nacionalistas harían muy difícil una acción común frente a las propuestas legislativas gubernamentales. En estas circunstancias, el único escollo serio podría ser la aprobación de los presupuestos del Estado, pero tampoco resultaría imposible un pacto puntual entre el PSOE y otras formaciones para sacarlos adelante. La firme y laudable posición del PSC en pro de la necesaria constitucionalidad del Estatuto aleja al tiempo la posibilidad de una fractura en el seno del socialismo catalán, es decir, asegura la unidad monolítica del PSOE en Madrid. Este estado de cosas, si llegara el caso, tendría sin embargo un serio efecto boomerang contra los nacionalistas periféricos. Lo deseable es, sin duda, mantener intacto aquel consenso, que se basó en la convicción de que resulta necesario integrar las distintas sensibilidades presentes, es decir, las visiones extendidas sobre todo el Estado y los particularismos periféricos.