España envejece sin disponer de trabajadores suficientes para cuidarla

De lunes a viernes, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde, Yolanda Delgado deja de ser solo durante unas horas las manos y la voz de su marido. Es el único intervalo en el que una trabajadora entra en casa para atenderlo. El resto del día, las noches y todos los fines de semana vuelven a recaer sobre ella. «Yo soy su mujer, no su cuidadora», afirma. Antes trabajaba como responsable de recepción. Lo dejó cuando la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) avanzó y su marido comenzó a necesitar ayuda permanente. Nadie la formó en esta enfermedad, pero aprendió a movilizarlo y a asistirlo. Delgado ocupa, sin contrato ni sueldo, una de las plazas que le faltan al sistema español de cuidados.

Su historia muestra la otra cara de uno de los mayores yacimientos de empleo de los próximos años: España necesitará cientos de miles de profesionales para atender a una población cada vez más envejecida y a personas de cualquier edad que han perdido autonomía. El 20,7% de la población española tenía 65 años o más a 1 de enero de 2025. El envejecimiento se acelerará durante las próximas décadas, con un crecimiento especialmente intenso entre los mayores de 80 años. El sector sanitario calcula que España deberá incorporar unos 261.400 profesionales adicionales de aquí a 2030 solo para mantener los actuales niveles de cobertura del sistema de dependencia. De hecho, el mercado laboral ya acusa el aumento de las necesidades de cuidados. La afiliación en las actividades residenciales y los servicios sociales sin alojamiento se han más que duplicado desde 2009: ha pasado de unos 392.000 trabajadores a superar los 814.000 en junio de 2026. No todos esos empleos pertenecen estrictamente al sistema de dependencia, pero el salto muestra la rapidez con la que crece la economía de los cuidados. La expansión se ha concentrado fuera de las residencias. Los servicios sociales sin alojamiento —precisamente donde se encuadra parte de la atención domiciliaria— reunían cerca de 474.000 afiliados, frente a unos 341.000 en las actividades residenciales. Más del 80% del empleo en ambos ámbitos estaba ocupado por mujeres. Empleo difícil de cubrir Que el sector genere puestos de trabajo no significa que consiga cubrirlos. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal no responde únicamente al aumento de la demanda. También tiene que ver con las propias condiciones ofrecidas. «La precariedad de las retribuciones y de las condiciones laborales hace que no haya personas que quieran trabajar en este sector», sostiene Chelo Cuadra, responsable del sector de Dependencia de FSC-CC OO.

Las últimas tablas estatales situaban los salarios base de auxiliares y gerocultoras en torno a los 1.150 euros mensuales. Desde este año, sin embargo, la remuneración de una jornada completa no puede ser inferior al nuevo salario mínimo: 1.221 euros repartidos en 14 pagas, o 17.094 euros brutos anuales. Pero el problema no está solo en las tablas salariales, sino también en la jornada real de trabajo. La reforma laboral ha reducido notablemente la temporalidad, pero la estabilidad formal del contrato no siempre se traduce en estabilidad económica. Según los datos manejados por Comisiones Obreras, alrededor del 80% de la contratación en el sector es indefinida, aunque la parcialidad está aumentando, especialmente en la ayuda a domicilio. Una trabajadora puede atender a varios usuarios en un mismo día, con servicios de una o dos horas repartidos entre la mañana, el mediodía y la tarde. La desaparición o el traslado de uno de ellos puede alterar sus horas de trabajo y sus ingresos. «En cuanto una persona deja de requerir el servicio, pueden cambiarte la jornada o reducirte el contrato», explica Cuadra.