Hacienda cifra el blanqueo de dinero del narcotráfico en 7.500 millones de euros

Las cuentas del Gobierno para afrontar las inversiones multimillonarias comprometidas en el programa electoral socialista pasan por aumentar la recaudación tributaria. Conocida su intención de suavizar en los próximos años la presión fiscal para las rentas del trabajo, sus miras se dirigen a la lucha contra el fraude, objetivo prioritario del Ministerio de Economía y Hacienda. Uno de los focos de riesgo que más vigilará son las operaciones inmobiliarias que se realizan dentro de los planes de actuación urbanística (PAU), cuyas plusvalías suelen escapar en gran medida al control del fisco. Pero no será esa la única área de atención del departamento que dirige Pedro Solbes. La persecución del blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas, una vía por la que se escapan cada año unos 7.500 millones de euros, también ocupará buena parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria. Según explicó ayer en el Senado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a dicha tarea no se le ha prestado «la suficiente atención» en los últimos años. No es el único «punto débil» que ha detectado su equipo en el trabajo que hasta ahora desarrollaba Hacienda. El fraude del IVA, donde han proliferado en los últimos años las tramas organizadas, también es motivo de preocupación para sus nuevos responsables, que cifran en más de 4.000 millones de euros la cantidad que se deja de tributar anualmente por esa vía. El 25% del PIB Aunque se trata de una cifra muy importante, para expertos como los del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) se trata de una estimación bastante optimista, ya que ellos calculan que el volumen defraudado supera el 25% del producto interior bruto (PIB). Para luchar contra esta vía de fraude, la Agencia Tributaria no sólo va a potenciar la colaboración con otros países de la Unión Europea que también sufren un problema similar (sobre todo, Italia), sino que además va a reforzar los controles de acceso al régimen de operadores intracomunitarios, con el fin de que no se puedan adquirir productos o servicios en otros estados de la UE sin soportar el IVA correspondiente.