La Audiencia Provincial desestima los recursos contra la decisión que cierra el caso Caja España por los créditos a Llamas

La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos presentados por Izquierda Unida y el Ministerio Fiscal contra la resolución del Juzgado de Instrucción Número 5 de León, por el que se consideraban prescritos los hechos denunciados sobre presunta administración desleal del consejo de administración de Caja España en la concesión de créditos a quien entonces era su presidente, Santos Llamas. La audiencia confirma el auto del juzgado, que el pasado 6 de marzo declaró extinguida la responsabilidad penal de los consejeros y prescrito el delito societario. Por lo que dictaminó el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de la causa.

Se cierra así un episodio judicial por la presunta administración desleal de exconsejeros de Caja España por la reestructuración de créditos a su entonces presidente, el constructor Santos Llamas, tras el recurso de reforma interpuesto por Izquierda Unida contra el auto de 6 de marzo archivando el caso por considerar los hechos prescritos. IU (después de que Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta, las otras dos acciones populares en el caso, no recurrieran el auto) presentó recurso ante la Audiencia Provincial, al igual que la Fiscalía de León. La Fiscalía ya apuntó en su momento que acudía directamente a la Audiencia para agilizar en lo posible los trámites que llevaran a la resolución definitiva del caso.

El juez argumentaba en la resolución ahora confirmada que el objeto de las diligencias llevadas a cabo en el juzgado sobre un supuesto delito societario continuado de administración desleal, que habría comenzado el 8 de enero de 2009 y se habría prolongado hasta octubre de 2012, según defendieron Fiscalía y acusación; se centró exclusivamente en lo ocurrido en el Consejo de Administración celebrado el 8 de enero de 2009. Y los ex consejeros fueron citados para explicar lo ocurrido en aquella fecha

La sentencia apuntaba que la denuncia realizada por el fiscal el 20 de mayo de 2013 se refería a los hechos ocurridos entre 2009 y 2012 en Caja España, Caja Duero y las entidades sucesivas resultantes de la fusión. Sin embargo, «después de las diligencias periciales sólo se ha citado como investigados a los vocales que asistieron a la sesión del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009»

Para que los acuerdos posteriores «pudieran integrar una unidad delictual inseparable» de este acuerdo, debería establecerse «una unidad de propósito, lo que no sucede en las presentes actuaciones ni puede deducirse de los informes de los técnicos del Banco de España». Por este motivo no considera ningún acto «distinto al que ha motivado la citación de los investigados», que se realizó transcurridos más de cinco años desde lo ocurrido (el 6 de abril de 2015).