La estafa de los seguros en León: la Audiencia retoma el caso 10 años después y libra a 59 sospechosos
- Fija cargos para 13 principales investigados y determina que la causa se convierta en procedimiento abreviado
Parte de los efectos intervenidos en la operación. CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
La Audiencia Provincial de León ha dictado un auto desde la Sección Tercera por el que determina que no procede tomar en cuenta el recurso presentado por la representación procesal de uno de los sospechosos, cuyo representante legal se oponía a la decisión de convertir el caso de la estafa de loso seguros en un procedimiento abreviado.
El escrito fija cargos para trece imputados principales, convierte en secundarios a otros 58 y decreta el sobreseimiento provisional para otros 59 sospechosos, por entender que no están probadas las acusaciones que pesaban sobre ellos.
El caso se destapó en la primavera de 2013, cuando se entendió que existía una supuesta trama dedicada a simular falsos partes de accidentes de tráfico, con los que se reclamaban indemnizaciones millonarias a los afectados. La investigación policial consideró en su momento que el montante del negocio había alcanzado los tres millones de euros.
Abogados, un funcionario de los juzgados, médicos y destacados miembros de familias leonesas con amplias hojas de antecedentes penales y policiales en el caso de los últimos, forman parte de la nómina de acusados.
Diez años después, el asunto vuelve a cobrar vigor, con la duda principal de conocer si, en caso de que se tuviese que celebrar juicio oral en la Audiencia Provincial, habría posibilidad de disponer del operativo necesario para celebrar un juicio en el que habría cerca de un centenar de procesados, con sus correspondientes letrados.
Al principal acusado se le atribuyen presuntos delitos de estafa procesal superior a 50.000 euros, falsificación de documentos, dos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital, simulación de delito y tenencia ilícita de armas.
Estafas
Al segundo sospechoso un delito continuado de estafa agravada (estafa procesal), falsificación de documentos, simulación de delito y cohecho. Son cargos similares los que se investigan en los otros once casos más.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acuerda la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, da por finalizada la fase de instrucción «y siendo los delitos investigados los incluidos en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge suficientemente los hechos objeto de autos, identifica a las personas contra las que sigue el procedimiento y acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones a los efectos oportunos».
La resolución determina que la finalidad del grupo era «simular la realidad de los siniestros y crear ficticiamente documentos necesarios para la tramitación de las reclamaciones contra las entidades aseguradoras, tales como los referidos a los partes amistosos de accidentes o informes médicos, consiguiendo esta forma las oportunas indemnizaciones que, con posterioridad, se repartían los miembros del grupo conforme a lo pactado entre ellos».
La finalidad de la transformación de la causa en un procedimiento abreviado «no es la de suplantar la función acusatoria anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino la de conferir el oportuno traslado procesal para que esta calificación pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia».
En cualquier caso, ya hubo un incidente de nulidad de actuaciones que modificó la instrucción de la causa de forma indirecta.
Un auto dictado por la sala el día 17 de octubre de 2021 estimó parcialmente el incidente de nulidad interesado por una aseguradora y por el principal sospechoso, que provocó la nulidad de lo actuado al momento previo al dictado del auto de pase procedimiento abreviado de fecha 18 de junio de 2015 a fin de que el instructor mantenga o dicte uno nuevo». Se alegó entonces por algunos de los procesados la imposibilidad de mantener la imputación «en base a unos expedientes cuya autenticidad e inalterabilidad se ha puesto en duda, pues su cadena de custodia ha sido absolutamente inexistente».
También se aludía a la falta de indicios racionales de criminalidad y la vulneración del derecho de defensa al imputársele unos hechos referidos a una serie de expedientes sobre los cuales, se consideraban infringidos muchos preceptos procesales que obligaban a la inadmisión de todos estos expedientes como prueba de cargo, «y no sólo porque se haya roto la cadena de custodia siempre obligada, sino porque ni tan siquiera ha existido tal custodia», en algunos representados.
La Fiscalía propone penas que suman l os 169 años de cárcel para los sospechosos . Sostiene en su escrito de acusación que la trama funcionó «al menos desde finales de 2008 hasta marzo de 2013». El problema radica en que poco después de la presentación de este escrito, la Audiencia admitió un recurso de las defensas en el que reconoce que se han incluido en las actuaciones documentos sin ningún control.