El turno de oficio es «el último trabajo forzado que aún se permite en España»

Los abogados adscritos al turno de oficio que se posicionan a favor de la huelga iniciada el mes pasado en los juzgados de León lamentan las condiciones en las que se desarrolla su labor «más allá de lo estrictamente económico «porque no se trata de cuanto dejamos de cobrar, sino de los casos sangrantes en los que se emplean muchas horas y mucho sacrificio para no ver reconocida nuestra labor», aseguran los afectados. «Es el último trabajo forzado que se permite en España».

«Todos los abogados estamos en el turno de oficio», explican los letrados afectados por la situación. Y es que, tal y como explica el letrado, gracias a la Ley de Justicia Gratuita, «la abogacía de oficio es el único trabajo forzado que queda en España desde que se eliminó el servicio militar. A día de hoy, si hace falta para llevar un caso de justicia gratuita y no hay suficientes abogados, a ti te pueden obligar a llevar ese asunto del turno de oficio. Así que todos los abogados estamos adscritos al turno de oficio. Y no puedes negarte. Me pueden sancionar si incumplo con mis obligaciones». Así, plantean que la tarea que se realiza con los requisitoriados no tiene compensación alguna en esta materia. La requisitoria consiste en una orden de captura que pesa sobre un procesado en virtud de un mandato judicial y cuyo cumplimiento se encarga a la Policía Nacional. A veces se necesita que el letrado se desplace, viaje que tampoco se cobra.

Los mismo ocurre con los migrantes que son expulsados del país. Para tramitar la orden de deportación o justificar su permanencia legal en el país es necesaria la intervención de un letrado, en la inmensa mayoría de los casos, adscrito al turno de justicia gratuita. «Normalmente se trata de una intervención protocolaria que se realiza en virtud del derecho constitucional a la defensa de los derechos de las personas. No se cobra ni se reconoce en ningún lugar la tarea que se ha hecho», explican los abogados leoneses. Hay determinados asuntos en los divorcios contenciosos en los que una de las partes solicita justicia gratuita y antes de que se produzca el pronunciamiento de la Subdelegación del Gobierno se presta el servicio.

«A veces se trata de varones, que son la mayoría, que no tienen derecho porque superan con su nómina los límites que se exigen para que el servicio sea gratuito. Cuando ya se ha realizado la tarea, se deniega la prestación y se exige al letrado que reclame el importe directamente al litigante. Cuando se comprueba que tiene la nómina embargada y que no es posible cobrarle los servicios, se llega a la conclusión de que es imposible hacer nada y son trabajos que han llevado horas y kilómetros». Los asuntos de carácter penal en los que se dicta el archivo de la causa o se deja sobreseído el asunto, tampoco tienen compensación económica».